El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, traza un estilo de Gobierno protagonizado por consultas populares sobre todo tipo de sucesos de la actualidad del país, desde la construcción de un aeropuerto hasta la investigación judicial a sus antecesores.
Pero para marzo de 2022 intenta perfilar un llamado a las urnas sin precedentes: el mandatario persigue la idea de realizar su propia revocatoria del mandato, para que los mexicanos definan si respaldan o no su continuidad en la Presidencia. (Ver más de Internacional)
Para esa cita no se ha diseñado el tarjetón, tampoco se ha formulado la pregunta que iría en la boleta electoral, y mucho menos se ha aprobado un plan de acción que defina los pasos a seguir si el pueblo avala su continuidad en el poder y, mucho menos, si la termina.
La revocatoria del mandato es un referéndum mediante el que los ciudadanos pueden retirar de su cargo a un funcionario elegido mediante el voto popular. Esa figura está contemplada en las constituciones de lo países democráticos, pero la interpretación que hace López Obrador de esta tiene sus particularidades.
El presidente izquierdista ha defendido que los votantes, así como pueden determinar la llegada al poder de un líder político, también deberían tener la potestad de concluir ese periodo, si así lo desean.
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Entonces, a la seguidilla de convocatorias a las urnas de los tres años que van de su Gobierno parece esperarle una más que resolvería si el líder del partido Morena termina su sexenio en la Presidencia o si, por el contrario, debe designarse un nuevo Ejecutivo.
Cristina Gomes, profesora investigadora de Flacso México, explicó a Valora Analitik que “la revocación del mandato es planteada por Morena y López Obrador como uno de los pasos para la democracia participativa (…) se considera que esta evaluación y decisión a la mitad del periodo presidencial pone la población como soberana, no solo para elegir, si no también para destituir al presidente”.
El Congreso de México, en el que el partido de Gobierno es mayoría, tiene en discusión la “ley para la revocación del mandato”. La premisa es que tanto el Ejecutivo federal como los gobernadores estatales puedan estar sujetos a la culminación de su mandato una sola vez durante el tiempo que dure su periodo en los cargos.
Esa figura debería cumplirse en una consulta, por voto directo, que deberá ser solicitada y realizada en los tres meses posteriores al cumplimiento del tercer año en el poder. Por eso, las cuentas para la revocatoria de López Obrador miran hacia marzo de 2022.
Gomes detalla que “la consulta sobre la revocación del mandato también es vista como una legitimización o deslegitimización de la autoridad política y moral del mandatario, medida según el apoyo que él sigue recibiendo del pueblo, y sería una forma de consolidar los sistemas de democracia participativa”.
La revocatoria a Andrés Manuel López Obrador está en proceso de construcción y se perfila como un hecho único del calendario electoral de Latinoamérica para 2022, año en el que Brasil y Colombia irán a las urnas a elegir presidente.
No obstante, una parte de la sociedad mexicana mantiene reparos acerca de la figura de revocatoria y, particularmente, sobre la práctica de convocar a las urnas para cuestiones ajenas a una elección, como sucedió con la consulta reciente sobre el enjuiciamiento a los expresidentes.
En esta, que se desarrolló el último fin de semana de julio, participaron más de seis millones de votantes, correspondientes al 7 % del padrón electoral de México. Esa proporción no fue suficiente para alcanzar el 40 % (37 millones de personas) necesarias para que la consulta sea vinculante para los poderes Legislativo y Ejecutivo.
En junio los mexicanos sufragaron en las elecciones federales de medio mandato, en las que ratificaron la mayoría de Morena en el Congreso. El partido, si bien perdió unos cuantos escaños, permaneció como la fuerza dominante y el resultado sirvió como un referendo parcial a la gestión del presidente.
Con ese antecedente, el izquierdista que llegó al poder el primero de diciembre de 2018 perfila la ruta para convocar a su propia revocatoria del mandato para 2022.
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