Aunque la discusión de la reforma a la salud en el Congreso quedó para mayo, el articulado aún genera debate. Este fin de semana se conocieron las objeciones que encontraron cuatro altos funcionarios del gobierno colombiano. Los reparos fueron presentados a la ministra de Salud, Carolina Corcho, y al presidente Gustavo Petro.
El documento fue presentado por los ministros de Hacienda, José Antonio Ocampo; de Educación, Alejandro Gaviria; y de Agricultura, Cecilia López, y por el director del Departamento Nacional de Planeación, Jorge Iván González. En él, hacen reparos a la reforma a la salud de corte constitucional y presupuestal.
La existencia del documento ya era reconocida, sin embargo, había incertidumbre frente al contenido. Según reveló Cambio, cuando Petro y Corcho conocieron el documento, el presidente habría asegurado que “si se filtra, la reforma se cae”.
Además, los ministros “disidentes” habrían criticado duramente que no se tuviera en cuenta ninguno de sus reparos. Incluso, afirmaron que los cambios fueron “de último minuto” y “cosméticos”.
Las críticas de los ministros a la reforma a la salud
A comienzos de esta semana, el Gobierno de Colombia reconfirmó que la reforma a la salud se presentará como una ley ordinaria y no como una estatutaria.
Lo anterior hay que entenderlo, también, desde el trasfondo político. Si fuera presentada como una ley estatutaria, pasaría por la Comisión Primera del Senado y de la Cámara, donde tiene fuertes críticos, como el senador Roy Barreras. Sin embargo, por la Comisión Séptima -que legisla sobre temas de salud- tiene importantes aliados, como el representante Agmeth Escaf, quien es presidente de esta comisión en la Cámara.
“A juicio de nuestras carteras, el proyecto de ley deberá atender los trámites y condiciones especiales de las leyes estatutarias”, se lee en el documento de 17 páginas.
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Uno de los argumentos esgrimidos para lo anterior es que la reforma a la salud regula el derecho fundamental a la salud. Y, por tanto, “la regulación del mismo deberá atender los trámites estatutarios constitucionales respectivos”.
También advierten que “los artículos 58 y 59 del texto propuesto permiten a las IES originar gastos con cargo a recursos de la Nación, mediante la expedición de ordenanza municipal. De acuerdo con la Constitución no puede haber erogación de gasto que no esté terminado en la ley (…) es inconstitucional”.
Adicionalmente, aseveran que, por los artículos 12 y 146 de la reforma a la salud, se tendría que acudir a la consulta previa. Esto, por cómo podría afectar la reorganización del Sistema de Seguridad Social en Salud a las comunidades indígenas. Y afirman que estas deben realizarse antes de que se radique el proyecto en el Congreso.
Respecto al impacto fiscal de la reforma a la salud, los ministros aseguraron que, de realizarse la totalidad de gastos para la reforma, el costo fiscal de la iniciativa sería “para el primer año, de alrededor de $16.91 billones adicionales y, para el segundo, de $21.8 billones adicionales. Entre 2025 y 2028 los gastos se incrementarían, en promedio, en $2 billones al año”.
Eso, sin tener en cuenta el gasto derivado de otras medidas como la eliminación de copagos y cuotas moderadoras ($0.95 billones), acceso total a los servicios de salud para turistas y migrantes irregulares ($6.1 billones), prestaciones económicas universales ($2.53 billones) y unificación de UPC de los regímenes contributivo y subsidiado ($3.23 billones).
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