El Ministerio de Hacienda y Crédito Público publicó para comentarios de la ciudadanía un proyecto de decreto que busca garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales de Colombia en materia de uso y difusión de información financiera.
En específico, la norma tiene como objetivo principal restablecer el acceso pleno de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) al Canal Seguro del Grupo Egmont (ESW), una plataforma electrónica para facilitar el intercambio confidencial de inteligencia financiera entre países.
Colombia es miembro del Grupo Egmont desde febrero del año 2000, una red global que reúne a más de 180 Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Sin embargo, desde el 11 de septiembre de 2024, el país tiene suspendido el acceso a la plataforma.
La organización determinó hace año y medio que había vacíos normativos y procedimentales en la legislación colombiana que justificaban la suspensión, específicamente en lo que respecta al principio de consentimiento previo de la Unidad de Inteligencia Financiera que suministra la información antes de que esta sea difundida a otros organismos internos.
La memoria justificativa del decreto refiere que esta situación generó un aislamiento internacional que limita la capacidad operativa de la UIAF para rastrear activos ilícitos más allá de las fronteras.
¿Qué cambia con el proyecto de decreto?
El proyecto adiciona artículos específicos al Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda para regular tres puntos clave: que la información recibida de UIF extranjeras se entregará única y exclusivamente al receptor autorizado por el remitente, que en casos excepcionales de seguridad o defensa nacional se entregará a un nuevo destinatario con autorización previa de quien entregó originalmente los datos y que la UIAF deberá asegurar que todo el tratamiento de la información cumpla con los protocolos internacionales y con la Ley Estatutaria de Inteligencia (1621 de 2013).
Esto significa que el proyecto de decreto tiene un alcance limitado y específico, pues la normativa no crea nuevas competencias para la UIAF, ni modifica el régimen de reserva y confidencialidad vigente, ni establece nuevas regulaciones generales sobre el sistema de inteligencia.
Su propósito es estrictamente preventivo, según la memoria justificativa de MinHacienda, pues busca evitar que interpretaciones extensivas de la ley nacional comprometan la confianza internacional y la cooperación entre agencias de inteligencia financiera.
En resumen, el decreto dota a la UIAF de reglas claras y uniformes para que su actuación sea coherente con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Grupo Egmont.
Con esta medida, el Gobierno pretende recuperar el acceso a esta herramienta tecnológica y proyectar una imagen de actor confiable previo al proceso de revisión internacional al que se someterá Colombia para demostrar la efectividad de su sistema nacional contra el lavado de activos ante el GAFILAT (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica).
El proyecto de decreto estará disponible para recibir comentarios de los ciudadanos en la página web del Ministerio de Hacienda hasta el 4 de abril de 2026 a las 12:00 de la noche.
—
