A un mes de que el Congreso de la República promulgara la ley que modifica el régimen de pensiones territoriales con el fin de garantizar el financiamiento del pasivo pensional de las regiones, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, radicó una demanda en la Corte Constitucional argumentando que su implementación afectará las finanzas públicas de la Nación.
La solicitud enviada a la Corte el 5 de agosto le apunta también a una suspensión provisional de los efectos de la ley mientras el alto tribunal estudia la exequibilidad de la norma, pues esta viene rigiendo desde el día de su publicación en el diario oficial, el pasado 2 de julio de 2025.
Dado que la Presidencia de la República se negó a sancionar la ley y la regresó al Congreso, el entonces presidente del Senado, Efraín Cepeda, fue quien la avaló y promulgó, como se lo permite la Constitución una vez se han agotado los plazos (seis días en proyectos de menos de 20 artículos).
El objeto de esta ley es que los entes territoriales alcancen una cobertura total del pasivo pensional en los sectores salud, educación y propósito general antes del año 2044 por medio de los recursos existentes en patrimonios autónomos, fondos y reservas descentralizadas.
A este dinero se sumaría el de nuevas fuentes de financiación, incluyendo ingresos provenientes de privatizaciones (10 %), venta de acciones o activos de las entidades territoriales (15 %), tributos como el impuesto de registro (20 %), ingresos corrientes de libre destinación (10 %), regalías y recursos del Sistema General de Participaciones bajo la supervisión del Ministerio de Hacienda.
“La ley afecta la sostenibilidad del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet), no contempla ninguna transición, prohíbe realizar el pago de nómina a pensionados durante el segundo semestre y deja sin recursos suficientes para financiar su administración, entre otros”, dice un boletín del MinHacienda donde se anuncia la demanda.
La cartera advirtió que 69.359 pensionados de 897 entidades territoriales, cuya nómina asciende a $12 billones se verían perjudicados.
MinHacienda había dado concepto no favorable al Fonpet
En su momento, en medio del debate en el Congreso, el Ministerio de Hacienda dio un concepto no favorable al articulado soportado en que este amenazaba la sostenibilidad fiscal, vulneraba la autonomía de los entes territoriales y la destinación específica de los recursos de seguridad social.
Sin embargo, la posición de la entidad no fue discutida en el Legislativo bajo el argumento de que la norma no tendría impacto fiscal a pesar de que en realidad sí modifica la estructura de gasto público y de que el MinHacienda advirtió que las cuentas no eran compatibles con el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP). Tampoco se habría incluido el texto radicado en la gaceta, como debe hacerse por norma, según la demanda.
También llama la atención que los costos fiscales no se detallaron en la exposición de motivos de la iniciativa ni en el informe de ponencia para el primer debate y en la ponencia para segundo debate se incluyó una frase que indicaba que el proyecto de ley no comprendía un impacto fiscal.
La demanda firmada por el ministro Germán Ávila argumenta que la nueva ley relativa al funcionamiento del Fonpet infringe siete artículos de la Constitución Política de Colombia y al menos cuatro leyes.
Según el MinHacienda, en el trámite del proyecto habría vacíos tanto de forma como de fondo, pues el primer debate debía darse en las comisiones séptimas, por ser un tema de seguridad social, y no en las terceras, que son de carácter económico. Además, la entidad insistió en que ley genera gastos que implican costos fiscales que no cuentan con una fuente sustitutiva.
La cartera proyecta que las disposiciones normativas acabarán por desfinanciar el Fonpet hasta llevarlo a su extinción, sin mencionar que imponen al Ejecutivo el pago anticipado de $6,57 billones que no están contemplados en el Presupuesto General de la Nación para 2026.
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