Una nueva regulación comenzó a transformar el control del ruido en las vías del país y pone especial atención sobre el uso de motocicletas. Se trata de la Ley Antirruido, sancionada en 2025 por el presidente Gustavo Petro, una normativa que busca reducir la contaminación auditiva y mitigar los efectos negativos que esta genera sobre la salud y la convivencia ciudadana.
La expedición de esta ley responde al incremento sostenido de quejas presentadas por comunidades tanto en zonas urbanas como rurales, donde el exceso de ruido se ha convertido en un problema recurrente.
Diversos estudios han advertido que la exposición prolongada a niveles elevados de sonido puede provocar afectaciones auditivas, trastornos del sueño, estrés y dificultades de concentración, además de deteriorar las relaciones sociales en los entornos residenciales y comerciales.
Con este panorama, la nueva normativa establece un marco integral para la prevención, el control y la sanción de las fuentes que superen los límites de ruido permitidos.
Su alcance es amplio y no se limita únicamente al tránsito vehicular. También incluye actividades industriales, obras de construcción, eventos masivos y establecimientos abiertos al público.
No obstante, dentro del componente de movilidad, las motocicletas ocupan un lugar relevante debido a que concentran una parte significativa de los reportes ciudadanos, especialmente por alteraciones en los sistemas de escape que incrementan de manera considerable las emisiones sonoras.
La ley asigna al Ministerio de Transporte la responsabilidad de definir los criterios técnicos para la medición objetiva del ruido producido por los vehículos. En el caso específico de las motocicletas, el límite máximo autorizado se fijó en 86 decibeles, un umbral que se ajusta a estándares técnicos ya existentes en el país. Cualquier medición que supere este nivel será considerada una infracción, lo que habilita la imposición de sanciones.
¿De cuánto es la multa por sobrepasar los decibeles de ruido?
En materia económica, la Ley Antirruido contempla multas para los conductores que incumplan los parámetros establecidos. Cuando se compruebe que una motocicleta excede los niveles máximos de ruido o emisiones permitidas, se aplicará la sanción correspondiente a la infracción C28 del Código Nacional de Tránsito, asociada a la alteración de la tranquilidad pública.
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En estos casos, la multa puede ascender hasta $1.266.000, dependiendo de las circunstancias y de la verificación técnica realizada por la autoridad competente.
Adicionalmente, la norma introduce medidas operativas que buscan garantizar el cumplimiento efectivo de la regulación. Entre ellas se encuentra la inmovilización del vehículo cuando se determine que el exceso de ruido proviene de modificaciones no autorizadas, como escapes alterados, resonadores u otros dispositivos instalados de forma irregular. La inmovilización se mantendrá hasta que el propietario retire o adecúe el elemento que genera la infracción, asegurando así que el vehículo cumpla nuevamente con las condiciones legales.
