Tener gatos en conjuntos residenciales implica una responsabilidad considerable para los residentes que optan por tener estos animales como mascotas. Es fundamental comprender que existen normas y obligaciones legales orientadas a preservar la convivencia y evitar situaciones que requieran la intervención de las autoridades o de organismos administrativos.
En Colombia, la tenencia responsable de mascotas está regulada por la Ley 1801 de 2016, conocida como el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Este marco normativo establece disposiciones que deben ser cumplidas por los propietarios de animales domésticos, con el fin de garantizar el respeto por los espacios comunes y la seguridad de los demás residentes.
Particularmente, los artÃculos 116, 117 y 118 del mencionado Código precisan que el tránsito y la permanencia de mascotas en las zonas comunes de los conjuntos residenciales no están prohibidos. No obstante, se exige el uso de elementos que garanticen la seguridad y el control del animal durante su permanencia en estos espacios. Aunque muchas de estas disposiciones suelen enfocarse en perros, también aplican a los gatos.
Permitir que un gato deambule sin supervisión en zonas comunes es una conducta considerada inapropiada, tanto desde el punto de vista legal como desde la perspectiva de la convivencia ciudadana. Esta práctica puede generar molestias a otros residentes, provocar daños materiales o derivar en conflictos con otros animales, lo cual compromete la armonÃa del entorno residencial.
Por esta razón, no se permite la circulación libre de gatos por áreas comunes sin la vigilancia directa de sus cuidadores. La responsabilidad por los actos del animal recae directamente sobre su propietario, especialmente si este causa perjuicios a otras personas, bienes o especies dentro del conjunto.
¿Cuál es la sanción por permitir la circulación libre de gatos en conjuntos residenciales?
El artÃculo 118 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana estipula que los felinos deben ser transportados en maletines o portar collares diseñados especÃficamente para su manejo. Esta medida también es aplicable durante su estancia en las zonas comunes del conjunto.
Si un gato circula libremente sin supervisión y ocasiona daños o representa un riesgo para otros residentes o animales, los afectados pueden presentar la queja ante el consejo de administración del conjunto residencial. En caso de que no se adopten medidas correctivas, se puede acudir a la PolicÃa Nacional para presentar una denuncia formal.
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Las autoridades, conforme a la normativa vigente, pueden imponer sanciones económicas. En 2025, la multa por esta infracción puede ascender hasta cuatro salarios mÃnimos diarios legales vigentes, equivalentes a $189.800.
Adicionalmente, los consejos de administración de las propiedades horizontales pueden establecer sanciones internas, siempre que estas hayan sido aprobadas en la asamblea de copropietarios y estén debidamente consignadas en los estatutos del conjunto. El monto de estas multas puede variar en función de la gravedad del caso, pudiendo superar los $700.000 en situaciones más delicadas.
