Camilo Acero, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Muzo Emerald Colombia, aseguró que la compañía mantiene un crecimiento sostenido pese a la presión de la minería ilegal y la falta de garantías estatales.
En una entrevista con Valora Analitik, el ejecutivo describió la operación de la empresa, los retos que enfrenta en Boyacá (en el centro de Colombia) y las medidas que, desde su perspectiva, debería adoptar el Gobierno para proteger la actividad formal y atraer inversión.
En primer lugar, Acero explicó que la producción de Muzo está en expansión: “estamos creciendo en un 10 % comparado con el año anterior”.
Aunque la compañía no revela cifras de producción periódicas por tratarse de un negocio que varía según la calidad de las piedras, el vicepresidente subrayó que el crecimiento se apoya en inversiones significativas en sostenimiento y exploración para garantizar continuidad operativa y condiciones de trabajo seguras.
Muzo se presenta como la mina de esmeraldas en operación más grande de Colombia.
La compañía emplea alrededor de 1.000 personas directamente y genera entre 1.200 y 1.400 empleos indirectos, lo que, según Acero, da la dimensión del impacto socioeconómico de su operación en el occidente de Boyacá. “Somos el empleador más grande del occidente de Boyacá; el 80 % de nuestros empleados son de la región”, afirmó.
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Calidad por encima de cantidad: la perspectiva de Muzo Emerald Colombia
En el negocio de las esmeraldas, explicó Acero, la calidad pesa más que el volumen. “No se mide tanto en kilates o en peso, sino en la calidad. Puedes sacar mucha cantidad y que no sean buenas o sacar menos, pero de alta calidad, y eso vale mucho más”.
En medio de la entrevista, el vocero de la empresa destacó el “verde muzo”, un color reconocido internacionalmente, y resaltó que Muzo le agrega valor a la producción mediante un taller propio de tallado y corte donde se desarrolla la conocida “talla muzo”.
Acero enfatizó que Muzo controla “toda la cadena de valor”: desde la extracción hasta la exportación. “Cuando nos compras una piedra, yo te puedo garantizar exactamente toda la trazabilidad de esa piedra”, dijo, explicando que las esmeraldas extraídas se reportan a la Agencia Nacional de Minería (ANM), se llevan a la zona franca para su tallado y de ahí se exportan a mercados como Nueva York o Ginebra.
La compañía trabaja con peritos valoradores independientes para declarar valores y pagar regalías e impuestos de forma transparente, una práctica que, según Acero, protege tanto al comprador como al desarrollo regional.
El drama de la minería ilegal
La minería ilegal es el principal dolor de cabeza para Muzo Emerald Colombia. En febrero la compañía había identificado alrededor de 20 socavones ilegales dentro de sus títulos; “de febrero al cierre de agosto de 2025 ha subido a 250”, denunció Acero.
En esos frentes ilegales, señaló, trabajan aproximadamente 1.000 personas. “Todos los días nos están explotando los títulos y están sacando miles de millones de pesos en esmeraldas que no están pagando impuestos ni regalías, ni generan empleo formal ni seguridad social”, afirmó.
Ese incremento masivo de cortes ilegales —señaló— combina el efecto de los altos precios del mercado con la ausencia de control territorial: “no hay una respuesta contundente por parte de la autoridad”.
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El ejecutivo explicó que el problema no se resuelve en lo operativo por parte de las compañías formales: “nosotros no tenemos la capacidad ni el derecho de controlar eso; el Gobierno debe hacerlo”.
Por otro lado, Acero detalló por qué la formalización en esmeraldas es especialmente compleja.
A diferencia de otros minerales, la explotación de esmeraldas exige mucho capital y la incertidumbre sobre la localización, cantidad y calidad del mineral es elevada. “El minero que aparece en el corte es el empleado; el que financia eso es otro y ese es el que hay que formalizar”, señaló, aludiendo a fuentes de financiamiento ocultas que, según él, pueden incluir organizaciones de distinto tipo.
Para contrarrestar la ilegalidad, Muzo reclama “garantías” y presencia estatal. Acero plantea un paquete de medidas:
- Mayor inversión social y pública para atender necesidades básicas de la población
- Control territorial que permita ejercer la ley
- Un cambio cultural para revertir la norma de incumplimiento
La compañía declara inversiones sociales que, aseguró, multiplican por diez las exigidas por ley y que incluyen proyectos productivos, de cacao, seguridad alimentaria y salud. Sin embargo, Acero admitió que los esfuerzos privados son insuficientes sin la intervención estatal.
Crecimiento futuro y retos operativos de Muzo Emerald Colombia
Respecto a las expectativas de cierre de año y 2026, Muzo proyecta un crecimiento de entre 10 % y 15 % anual, pero advierte que dicho avance depende de la naturaleza incierta del recurso. “Puedes producir menos en cantidad, pero si la calidad es superior, se compensa”, explicó, subrayando la necesidad de desbloquear permisos y mantener eficiencia operativa.
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Entre tanto, Acero sugirió que sería necesario estudiar a fondo cuánto pierde Colombia por la minería ilegal en esmeraldas, más allá de los impuestos evadidos.
“Es todo lo que va alrededor: la cultura de la ilegalidad, la economía criminal, la violencia y la inseguridad”, expuso. A su juicio, esos costos sociales y económicos —trasladados a municipios enteros— deberían cuantificarse para tomar decisiones públicas más contundentes.
El vocero de Muzo Emerald Colombia retrató a una empresa que se muestra optimista por la robustez de su producto y por su modelo integrado —extracción, tallado y trazabilidad—, pero a la vez exasperada por la falta de control estatal frente a la minería ilegal.
Para la minera, sin garantías de presencia del Estado y sin mayor cooperación institucional, atraer inversión extranjera y escalar operaciones de manera segura será cada vez más difícil, a pesar de la calidad excepcional de sus esmeraldas y del impacto social positivo que la empresa dice generar en Boyacá.
Camilo Acero concluyó la entrevista con un mensaje claro: “Si queremos atraer inversión y mejorar la vida de las comunidades, el Estado debe garantizar la legalidad y la presencia; la empresa puede aportar, pero no puede sustituir las funciones del Gobierno”.
