La Policía Nacional entregó un balance de las afectaciones por ataques terroristas que tuvieron lugar ese 10 de junio, de acuerdo con las autoridades, se registraron 24 acciones terroristas concentradas en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca. Estos hechos dejaron como saldo trágico la muerte de cinco civiles y dos policías.
Esta jornada de violencia representa una preocupante escalada en una región que ha sido reiteradamente víctima de ataques armados y hechos de terrorismo.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, informó que las autoridades tienen indicios que vinculan el atentado sicarial contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay con los recientes ataques ocurridos en Cali y varios municipios del Cauca. Según Benedetti, detrás de estos hechos estarían las disidencias de las Farc, específicamente el grupo al mando de alias ‘Iván Mordisco’.
Analistas y expertos han advertido que la situación revive los peores momentos del conflicto en los años 80, y representa una amenaza directa contra la institucionalidad y la seguridad del país.
María Margarita Zuleta, más conocida como “Paca”, directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, advirtió que la violencia que azota el suroccidente del país no es un fenómeno nuevo ni aislado. “Lo único excepcional es el intento de asesinato contra Miguel Uribe; el resto responde a una situación sistemática que se viene presentando desde hace meses en la zona”, afirmó.
La experta recordó que desde comienzos del año se ha registrado un deterioro sostenido de las condiciones de seguridad en la región, y que ya se habían emitido alertas, incluso desde el propio Gobierno. “La vicepresidenta Francia Márquez, durante un consejo de ministros, advirtió sobre los riesgos en su zona de origen. Eso mostró los vacíos en el sistema de seguridad del país”, explicó.
Zuleta señaló que, tras varios años de implementación de la política de Paz Total, los resultados han sido limitados. “No se ha logrado el impacto esperado, y, por el contrario, las disidencias se han fortalecido”, advirtió. Por ello, insistió en que se requiere una estrategia integral basada en control territorial, fortalecimiento institucional y presencia efectiva de la Fuerza Pública.
De cara al panorama electoral que se aproxima, subrayó la necesidad urgente de ofrecer garantías a todos los actores políticos. “Debe asegurarse tanto la protección física de los candidatos como el respeto al sistema electoral, incluyendo el acceso al espacio público para la comunicación”, puntualizó.
Finalmente, agregó: “No se trata solo de decir que se bajará el tono del discurso, sino de demostrar con hechos concretos. No es momento de retórica, sino de acciones”.
De otro lado, el exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, añadió que: “Debemos decirlo con claridad: los colombianos hoy tienen miedo. Están angustiados por la violencia, temen salir a trabajar, enviar a sus hijos al colegio. Es deber de la Nación, del Estado, del Gobierno y de nuestras Fuerzas Armadas brindar protección a todos los ciudadanos, sin distinción alguna. Y con mayor razón a quienes tienen posiciones políticas claras, firmes y contrarias al gobierno, como ha ocurrido en muchas etapas de nuestra historia”.
Los ataques que atemorizan Colombia
La Policía Nacional reportó que este lunes 10 de junio se registraron 24 acciones terroristas concentradas principalmente en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, dejando un saldo de cinco civiles muertos y dos policías asesinados. Además, en Sonsón (Antioquia) fue asesinado el capitán del Ejército Juan Carlos Amaya Ménez, en medio de operativos contra el Clan del Golfo.
En total, 28 personas resultaron heridas, entre ellas 19 civiles, 7 policías y 2 militares. Las acciones violentas incluyeron el uso de explosivos y armas de fuego, afectando a la población civil y a la fuerza pública en distintas zonas del suroccidente del país.
En el Valle del Cauca, se presentaron 13 hechos violentos en los municipios de Jamundí, Palmira, Buenaventura y la ciudad de Cali. Por su parte, en el Cauca se reportaron 10 ataques en los municipios de Patía, Suárez, Toribío, Villa Rica, Timbiquí, Morales, Corinto, Caloto y Buenos Aires.
Los grupos armados ilegales utilizaron diversas modalidades, entre ellas cuatro vehículos cargados con explosivos, tres motocicletas bomba, diez lanzamientos de artefactos explosivos, cuatro ataques con armas de fuego y dos hallazgos de cilindros bomba abandonados en vía pública.
Frente a esta escalada de violencia, la Policía Nacional y el Ejército están desplegando operaciones conjuntas para enfrentar a los responsables, especialmente a la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, que delinque en esta región del país.
Como parte de la respuesta institucional, el Ministerio de Defensa anunció una recompensa de hasta $300 millones por información que permita prevenir nuevos atentados y capturar a los responsables de estos hechos que han generado temor e incertidumbre entre la población.
