Este miércoles, 7 de mayo, se emitió formalmente una orden de captura contra los expresidente del Senado y la Cámara, Iván Name y Andrés Calle.
Así lo indicó la Corte Suprema de Justicia de Colombia dentro del proceso que adelanta por la supuesta entrega de dineros a esos exlíderes del Congreso a cambio de lograr aprobaciones de proyectos de ley.
Además, su investigación se enmarca en el caso de corrupción de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
¿Por qué ordenaron la caputa de expresidentes del Senado y la Cámara?
Según Olmedo López, exdirector de esa entidad, y Sneyder Pinilla, exsubdirector, los expresidentes del Senado y la Cámara habrían recibido sobornos en octubre de 2023, tras la firma del polémico contrato para la adquisición de 40 carrotanques.
Pinilla, por ejemplo, afirmó que fueron $4.000 millones que se les dieron a los congresistas y que provinieron de los sobrecostos del contrato de dichos carrotanques para La Guajira.
Ante esta situación, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ha señalado que Name y Calle deberán enfrentar una medida de aseguramiento en medio del proceso que los vinculó con los presuntos actos de corrupción.
A pesar de que sus abogados habían pedido no tomar esta medida, los parlamentarios serán puestos a disposición de un juez con función de control de garantías para que realice la audiencia de control de legalidad de esta captura.
En su momento, la Corte Suprema explicó que “la investigación está relacionada con presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en las que habrían intervenido Name y Calle como presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes para la época de los hechos».
Y agregó: «Como contraprestación a su gestión, los congresistas habrían recibido pagos en efectivo de manos del exsubdirector de Manejo de Desastres de la UNGRD, Sneyder Pinilla”.
“La decisión de la Sala se tomó luego de evaluar información recaudada en labores de policía judicial y testimonios practicados por el magistrado instructor y otros suministrados por la Fiscalía General de la Nación”, concluyó.
