Los principales órganos de control de Colombia hicieron un llamado urgente frente al vacío jurídico que existe actualmente sobre qué candidatos pueden o no participar en las próximas elecciones.
El procurador Gregorio Eljach, el contralor Carlos Hernán Rodríguez y el registrador Hernán Penagos pidieron que el Consejo Nacional Electoral (CNE) resuelva rápidamente ese punto para garantizar la operación del proceso, especialmente para los colombianos en el exterior.
El mensaje central fue que, mientras no exista claridad jurídica sobre los candidatos habilitados, la logística electoral queda expuesta, porque hay actividades como la impresión de tarjetones y la distribución internacional del material electoral que tienen plazos fijos y costos altos.
El contralor explicó que el país tiene hasta el 6 de febrero para comenzar a imprimir los tarjetones, y que cualquier cambio posterior generaría costos económicos, riesgos operativos y confusión para jurados y votantes:
“Si no se define a tiempo quién puede participar, se imprime material que luego habría que corregir. Eso tiene un costo fiscal y un problema operativo, sobre todo para los colombianos en el exterior, donde la logística empieza antes”.
Y subrayó que la solución debe venir del CNE, pues es la autoridad que decide la habilitación de candidatos, y que hacerlo tarde “perfora” la seguridad jurídica del proceso.
Procuraduría: seguridad jurídica y respeto institucional
El procurador Gregorio Eljach respaldó esa visión y señaló que la prioridad es que haya seguridad jurídica sobre lo que sucede en las urnas.
También rechazó las “descalificaciones” de algunos candidatos: “Debe existir claridad legal y que el CNE diga quién participa y quién no. Poner en duda las decisiones de la Registraduría, la Contraloría y la Procuraduría solo genera desconfianza”.
Por su parte, el registrador Hernán Penagos recordó que la Registraduría debe garantizar la operación logística, pero depende de que otras autoridades resuelvan lo jurídico a tiempo. También señaló que el desafío actual no es solo tecnológico o estadístico, sino de confianza pública:
“El colombiano necesita mensajes de tranquilidad. Venimos recorriendo el país para fortalecer la confianza en el proceso electoral”.
Penagos detalló que el Plan Democracia —la estrategia de la Fuerza Pública para garantizar la seguridad electoral— se aplicará sobre 125.000 mesas y 13.408 puestos de votación, y que habrá una reunión con el Ministerio de Defensa y altos mandos militares para seguir el monitoreo.
Contexto fiscal y coordinación institucional
El contralor recordó además la situación fiscal del país y la importancia de que los recursos no se retrasen:
“Para nadie es un secreto que hay una situación fiscal compleja, que no puede terminar afectando un proceso electoral”.
Aseguró que existe seguimiento permanente entre Contraloría, Registraduría y Procuraduría para garantizar recursos, contratación y operación.
