En Colombia, los perros han pasado de ser una compañía secundaria a ocupar un lugar central en los hogares. Este cambio no es menor: cerca del 67 % de las familias del país tiene al menos una mascota, y el 49 % convive específicamente con perros.
Lea también: Concurso Procuraduría 2026 abre 2.800 vacantes: reglas oficiales revelan el factor que podría definir quién gana
Y es que los animales de compañía han ganado protagonismo, no solo en lo afectivo sino también en el gasto: el 73 % de los colombianos compra productos para mascotas, y más de la mitad de ese consumo está dirigido a perros.
Pero este cambio también trae implicaciones que muchos dueños desconocen. Tener un perro en Colombia puede implicar obligaciones económicas directas en ciertos casos, especialmente cuando se producen daños a terceros.
La regla que obliga a pagar por daños causados por un perro
El punto central está en el Código Civil colombiano, que establece de forma expresa la responsabilidad del propietario.
La norma indica: “El dueño de un animal es responsable de los daños causados por el mismo animal, aun que se suelte, haya soltado o extraviado…”, dice el artículo 2353 del Código.
Esto implica que el dueño responde incluso si el perro no estaba bajo su control directo en el momento del incidente. Es decir, la responsabilidad no desaparece por el hecho de que el animal se haya escapado o actuado de manera imprevista.
La excepción es limitada: solo se exime al propietario si logra demostrar que el daño no puede atribuirse a su culpa ni a la de quien tenga a cargo el cuidado del animal.
En ciudades donde cada vez más personas tienen perros, este tipo de situaciones no es excepcional.
Por ejemplo, si un perro provoca la caída de un peatón en la calle y este resulta lesionado, el dueño podría verse obligado a cubrir gastos médicos e incluso compensaciones adicionales. Lo mismo ocurre si el animal causa daños a un vehículo, a bienes privados o a otra mascota.
En todos estos casos, la ley presume la responsabilidad del propietario, lo que activa la obligación de responder económicamente.
El aumento en la tenencia de mascotas —con casi dos de cada tres hogares con animales— eleva también la probabilidad de incidentes en espacios públicos y privados.
Además, el hecho de que los perros participen activamente en la vida diaria —paseos, transporte, zonas comunes— incrementa la exposición a riesgos.
Desde una perspectiva económica, esto significa que más hogares están potencialmente expuestos a costos imprevistos derivados de este tipo de eventos.
Para un ciudadano, enfrentar una obligación de este tipo puede afectar directamente su estabilidad financiera. Los costos pueden incluir atención médica de terceros, reparación de daños materiales e indemnizaciones por perjuicios,
En un entorno donde los hogares ya enfrentan presiones económicas, estos pagos pueden convertirse en un factor crítico para el presupuesto.
Puede interesarle leer: Bonos de alimentación que muchos creen libres sí pueden generar impuestos con la DIAN
Para los ciudadanos, el mensaje es claro: tener un perro no solo implica afecto y compañía, sino también una responsabilidad legal que puede traducirse en obligaciones económicas concretas.
