La senadora Paloma Valencia anunció que, como parte de su campaña presidencial, radicará un proyecto de ley que busca eliminar la obligación de adquirir el SOAT para las motocicletas de hasta 250 centímetros cúbicos (c.c.), en una de las propuestas más amplias que se han planteado sobre el seguro obligatorio en Colombia.
La iniciativa modifica el artículo 42 del Código Nacional de Tránsito para exceptuar del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito a este segmento de motos, siempre que el vehículo esté registrado como motocicleta en el RUNT y tenga un cilindraje igual o inferior a 250 c.c.
El proyecto también establece un periodo de transición de seis meses antes de la entrada en vigencia de la medida, tiempo durante el cual el Gobierno deberá reglamentar cómo funcionará el nuevo esquema y cómo se financiará la atención de víctimas de accidentes de tránsito en los casos donde participen motos exceptuadas.
La propuesta surge en medio de las discusiones sobre el costo del SOAT para motociclistas y el peso que este gasto tiene para hogares de menores ingresos. Según la exposición de motivos, Colombia ya supera los 12 millones de motocicletas, equivalentes a más del 62 % del parque automotor nacional, y el 93,5 % corresponde a motos de hasta 250 c.c.
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Detalles de la propuesta de Valencia
Además, el documento señala que cerca del 92 % de los propietarios de motocicletas pertenece a estratos 1, 2 y 3, mientras que el 60 % de los motociclistas gana menos de dos salarios mínimos.
La iniciativa argumenta que, para millones de personas, la motocicleta se convirtió en una herramienta de trabajo y movilidad esencial, especialmente para domiciliarios, mensajeros y trabajadores independientes.
El articulado plantea que las autoridades de tránsito verificarán la excepción mediante consulta al RUNT y la licencia de tránsito.
También se establece que si una motocicleta es modificada y supera los 250 c.c., perderá automáticamente el beneficio y deberá volver a adquirir el SOAT.
El proyecto aclara que la eliminación de la obligación del seguro no exime a conductores o propietarios de responsabilidades civiles, penales o administrativas derivadas de accidentes de tránsito. Tampoco podrá interpretarse como una barrera para la atención médica inicial de las víctimas.
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Proyecto reconoce riesgos fiscales y sanitarios
Uno de los puntos más relevantes es que la propia exposición de motivos reconoce que la medida podría generar presiones sobre el sistema de salud y sobre ADRES, entidad que actualmente cubre parte de la atención de víctimas cuando no existe SOAT o el vehículo no está identificado.
El documento advierte que eliminar la obligación del seguro para motos pequeñas implicaría una reducción en los recursos que hoy financian la atención de accidentes de tránsito. Sin embargo, el proyecto no define todavía cuál sería el mecanismo definitivo para compensar esos recursos o cubrir el nuevo esquema.
Según el texto, para 2025 ADRES reportó giros por $702.000 millones relacionados con reclamaciones por accidentes de tránsito y otros $326.000 millones a IPS por atención de víctimas asociadas a vehículos sin SOAT o no identificados.
La exposición de motivos también reconoce que las motocicletas son actualmente el actor vial con mayor nivel de mortalidad en Colombia. De acuerdo con cifras citadas en el proyecto, en 2024 murieron 5.291 usuarios de motocicleta, equivalentes al 62 % de las muertes viales del país.
Actualmente, las motos de bajo cilindraje ya cuentan con tarifas diferenciales del SOAT. Según cifras citadas en el proyecto, para 2026 las motocicletas menores de 100 c.c. pagan hasta $167.000, mientras que las de entre 100 y 200 c.c. tienen tarifas de hasta $224.300.
Uno de los puntos que podría generar discusión durante el trámite legislativo es que, aunque el articulado fija la excepción para motos de hasta 250 c.c., en algunos apartes de la exposición de motivos también se mencionan motocicletas de hasta 200 c.c. como referencia para el beneficio.
