El fútbol argentino entró en una nueva tensión institucional tras el anuncio de un paro en la fecha 9 de la Liga Profesional. La decisión surgió luego de una reunión entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y los clubes, en la que se resolvió suspender la jornada como respuesta a una denuncia judicial por presunta evasión y retención de aportes previsionales.
El presidente de la AFA, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, escribió en su cuenta de X que “la AFA somos todos”, en un mensaje que acompañó la postura del organismo. La entidad emitió un comunicado en el que negó tener deudas tributarias exigibles y sostuvo que los pagos cuestionados se realizaron antes de los vencimientos. Según la AFA, la denuncia de ARCA intenta convertir obligaciones no vencidas en un posible delito penal, algo que el organismo calificó como contrario al marco jurídico.
La investigación judicial se centra en Tapia y el tesorero Pablo Toviggino, quienes deben declarar el 5 y 6 de marzo. La acusación indica una posible retención de aportes previsionales y el supuesto incumplimiento de obligaciones fiscales por cerca de 19.300 millones de pesos argentinos (aproximadamente US$13,2 millones). El juez en lo penal económico Diego Amarante dispuso la prohibición de salida del país para los involucrados, aunque Tapia recibió permiso judicial para realizar un viaje a Colombia y Brasil esta semana.
Paro del fútbol argentino: la postura de la AFA
La suspensión de la fecha 9 fue aprobada de forma unánime en el Comité Ejecutivo de la AFA como señal de rechazo a la denuncia. La organización sostiene que no existe deuda exigible y que el caso se encuentra en análisis en la Cámara de Apelaciones.
El paro no solo afecta a la primera división. La medida se extendió al resto de las categorías del fútbol argentino, lo que implica la paralización de un sistema deportivo que mueve millones de espectadores y contratos comerciales. El fútbol argentino tiene uno de los niveles de audiencia más altos de Sudamérica y representa un sector económico relevante dentro del entretenimiento deportivo regional.
La acusación judicial incluye a la AFA como persona jurídica y a los dirigentes Cristian Ariel Malaspina, Gustavo Roberto Lorenzo y Víctor Blanco Rodríguez. El tribunal señaló que existen “motivos suficientes” para sospechar participación en los hechos investigados.
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El debate en el fútbol argentino combina administración financiera, política deportiva y control estatal sobre aportes laborales. Mientras avanza el proceso judicial, el fútbol local continuará con el calendario suspendido hasta nueva definición institucional.
