El paro minero en el Bajo Cauca antioqueño completa más de una semana sin una salida clara, mientras se intensifican los bloqueos, los hechos de violencia y las afectaciones a la movilidad, el abastecimiento y el orden público en la subregión.
Según la Asociación de Transportadores de Carga (ATC), al menos cuatro puntos críticos de las principales vías presentan bloqueos y concentraciones de manifestantes. Uno de los más relevantes se ubica en el corredor entre Caucasia y Cáceres, en el sector de Guarumo, donde cerca de 200 personas mantienen cerrada la vía con troncos y ramas.
A este se suma otro bloqueo en el corregimiento Jardín de Tamaná, en Cáceres, donde unas 60 personas impiden el paso con llantas incendiadas. En Zaragoza, la situación es aún más compleja: alrededor de 150 manifestantes bloquean tres ejes estratégicos —hacia Segovia, Caucasia y el casco urbano—, mientras unidades antidisturbios intentan restablecer la movilidad.
Aunque durante el día se registran marchas mayoritariamente pacíficas, en las noches se ha evidenciado una escalada de violencia con quema de vehículos, ataques a ambulancias, saqueos y enfrentamientos con la fuerza pública. De hecho, las autoridades reportan al menos seis vehículos incinerados y pérdidas cercanas a los $20.000 millones en el sector transportador.
Desde la Gobernación de Antioquia han solicitado refuerzos al Gobierno Nacional ante el deterioro del orden público, especialmente en municipios como Zaragoza y Caucasia, donde también se mantienen concentraciones masivas de mineros.
Crisis estructural y acuerdos incumplidos
La movilización, que inició el 16 de marzo y reúne a cerca de 8.000 mineros según autoridades locales, tiene como trasfondo el incumplimiento de acuerdos previos entre el Gobierno y el sector.
En particular, los mineros señalan fallas en la implementación del acuerdo firmado en octubre de 2024, que buscaba avanzar en la formalización de la pequeña y mediana minería. A esto se suman nuevos compromisos adquiridos en febrero de 2026 que, según denuncian, tampoco se han materializado.
Entre los principales reclamos están la inoperatividad de los mecanismos de registro, el subregistro de unidades mineras —que deja a miles en un limbo jurídico— y la aplicación de normas que permiten la destrucción de maquinaria incluso en procesos de formalización.
Dos visiones enfrentadas
El conflicto evidencia una ruptura de fondo entre el Gobierno y los mineros. Mientras el Ejecutivo sostiene que las acciones buscan combatir economías ilícitas y delitos ambientales, y asegura que no se persigue a quienes están en proceso de formalización, los mineros denuncian una criminalización generalizada de su actividad.
El Gobierno también advierte sobre la posible injerencia de grupos armados ilegales como el Clan del Golfo, el ELN y disidencias de las FARC en la economía minera, lo que justificaría los operativos de control y la destrucción de maquinaria.
Sin embargo, desde la mesa minera insisten en que la actividad representa el sustento de la región —hasta el 96,5 % de su economía, según sus estimaciones— y que las medidas actuales afectan directamente su subsistencia.
Más allá del pulso entre las partes, el paro ya genera una parálisis regional. Los bloqueos han interrumpido el transporte de alimentos, combustible y medicamentos, mientras en municipios como Caucasia comienzan a evidenciarse problemas de salubridad por la acumulación de residuos.
La mesa minera exige garantías como el cese de la destrucción de maquinaria y la no judicialización de sus voceros, mientras el Gobierno condiciona los avances al levantamiento de los bloqueos.
Por ahora, el paro continúa sin una salida clara, en medio de una creciente tensión que combina reclamos sociales, disputas económicas y riesgos de seguridad en una de las regiones más vulnerables del país.
