Colombia podría avanzar hacia un nuevo modelo de vigilancia y seguridad privada que contempla la eliminación progresiva del uso de perros en estas actividades. La iniciativa, impulsada por la congresista Esmeralda Hernández, propone prohibir de manera definitiva la utilización de animales en labores de vigilancia por parte de empresas y personas autorizadas para prestar este tipo de servicios.
La medida también cobijaría a quienes contraten o subcontraten servicios de seguridad privada. De acuerdo con el proyecto, una vez finalice el periodo de transición establecido, las entidades públicas y las personas naturales o jurídicas del sector privado no podrán contratar servicios de vigilancia que impliquen el uso de perros.
¿Cómo será la transición para los perros de vigilancia?
Antes de que la prohibición entre en vigencia de manera definitiva, y en caso de que la iniciativa sea aprobada por el Congreso, el Gobierno Nacional deberá implementar una serie de medidas orientadas a garantizar el bienestar de los animales que continúen desempeñando estas funciones durante el periodo de transición.
Entre las disposiciones contempladas está la eliminación de los turnos nocturnos, definidos como aquellos comprendidos entre las 7:00 p. m. y las 6:00 a. m. del día siguiente. Además, las jornadas de trabajo de los perros deberán limitarse a un máximo de cinco horas y estará prohibido mantenerlos confinados durante más de cuatro horas consecutivas.
El proyecto también establece protocolos obligatorios de prevención de afectaciones osteomusculares y dispone el retiro anticipado de cualquier animal cuya salud, integridad o calidad de vida pueda estar comprometida. A esto se suma la prohibición de utilizar métodos coercitivos durante los procesos de entrenamiento.
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Durante la transición, las empresas deberán implementar un sistema de monitoreo audiovisual en los puestos de trabajo. También se contemplan inspecciones y auditorías externas por parte de las autoridades competentes. De igual manera, estaría prohibida la compra y venta de perros destinados a labores de vigilancia mientras permanezca vigente este periodo.
Otro de los aspectos contemplados es la responsabilidad solidaria de las entidades públicas y de las personas naturales o jurídicas que contraten estos servicios. En consecuencia, los contratantes también deberán responder por el cumplimiento de las condiciones de bienestar animal establecidas para la etapa de transición.
Registro obligatorio y proceso de adopción
La propuesta contempla, además, la creación de un Plan Nacional de Registro, Retiro y Adopción de Perros de Vigilancia. Mientras se completa la eliminación del uso de animales en estas actividades, todas las empresas que cuenten con perros destinados a labores de vigilancia deberán registrar y mantener actualizada la información correspondiente a cada ejemplar.
El sistema deberá permitir consultar datos relacionados con el estado de salud, el historial clínico, la ubicación, la empresa responsable, el puesto de trabajo y la fecha prevista para el retiro definitivo de cada animal.
El plan también incluirá un Programa de Retiro y Adopción Responsable, que deberá contemplar procesos de rehabilitación física y comportamental. Asimismo, establecerá criterios para priorizar el retiro de perros que presenten lesiones, enfermedades degenerativas, vejez, estrés crónico u otras condiciones que resulten incompatibles con su bienestar.
Una vez retirados de estas labores, los animales podrán ser entregados a hogares que cumplan con las condiciones de idoneidad, organizaciones de protección animal, hogares de paso o, cuando resulte viable, a sus manejadores o cuidadores responsables. El proceso deberá contar con seguimiento institucional después de la adopción.
La iniciativa también establece que los perros retirados no podrán ser abandonados, sacrificados, comercializados, entregados sin control institucional ni destinados a actividades comerciales o de reproducción.
