Pese a que consulta popular se hundió, reforma laboral volverá a discutirse en el Congreso colombiano

Con 61 votos a favor, se apeló la decisión que tomó la Comisión Séptima del Senado de archivar la reforma a mediados de marzo de este año.

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La reforma laboral sería discutida nuevamente en el Congreso de la República de Colombia, específicamente en el Senado, luego de que esta corporación aceptara en plenaria una propuesta para revivir los dos últimos debates.

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Con 61 votos a favor, tras una extensa sesión que comenzó a las 10:00 de la mañana de este miércoles, se apeló la decisión que tomó la Comisión Séptima del Senado de archivar la reforma a mediados de marzo de este año.

Previamente, una comisión accidental estudió la solicitud de retomar el proyecto de ley por iniciativa de los senadores Ariel Ávila (Alianza Verde) y Pedro Hernando Porras (Pacto Histórico).

Partidos como el de La U manifestaron estar a favor de que el proyecto tuviera “una nueva oportunidad de un debate amplio, constructivo y democrático” con el objetivo de “construir una reforma laboral equilibrada”.

Sin embargo, un grupo de senadores del Pacto Histórico se mostraron inconformes con esta propuesta, pues el Gobierno ya había decidido que sometería a votación de los colombianos los puntos principales de la reforma laboral, vía consulta popular.

El proyecto de ley, que busca revivir los recargos dominicales y festivos con pago del 100 %, el horario de la jornada diurna de y 6:00 a.m. a 6:00 p.m. y priorizar el contrato a término indefinido, se radicó en marzo de 2023, cuando la ministra del Trabajo era Gloria Inés Ramírez.

El articulado será debatido primero en una comisión designada por el presidente del Senado antes de llegar a plenaria. Ambas discusiones deben tener lugar antes del 20 de junio, cuando acabe la legislatura.

Solo si el 21 de junio la reforma queda conciliada puede pasar a sanción por parte del presidente de la República y convertirse en ley.

A pesar de las críticas sobre lo justo de los tiempos, la senadora Angélica Lozano manifestó que contaban con 38 días y que era probable lograr una aprobación en ese plazo, como había ocurrido con otras leyes clave en el pasado.

«Esto implica una obligación enorme para el Senado, una responsabilidad total. La comisión a la que vaya el proyecto para el tercer debate tiene que trabajar de lunes a sábado, hacer rápidamente audiencia pública, designar ponentes y dar unas discusiones de cara al país. No puede salir con una ley aguada ni simple ni muchos menos hundirla», dijo.