El presidente Gustavo Petro criticó la decisión del Consejo de Estado que suspendió temporalmente los efectos del Decreto 0858 de 2025, pieza clave de su política de salud.
La medida del alto tribunal detuvo la implementación del modelo preventivo, predictivo y resolutivo con el que el Gobierno buscaba reorganizar las EPS y las redes hospitalarias del país.
La decisión fue adoptada como medida cautelar mientras avanza el análisis de fondo, pero sus efectos políticos fueron inmediatos. Para el mandatario, la suspensión “va contra la vida humana”.
En sus redes sociales aseguró que “la ley ordena un sistema preventivo para Colombia” y lamentó que la justicia no respaldara un cambio que, según él, “defiende la vida y no el negocio”.
“El sistema preventivo no es negocio, por eso este asunto público de gran dimensión es atacado por los negociantes, porque disminuye el negocio. Lamentable que aún en el mundo jurídico, que debería defender el Estado Social de Derecho, termine suspendido el derecho”, escribió el presidente.
Petro insistió en que, de haberse aplicado antes, su modelo habría evitado miles de muertes durante la pandemia del COVID-19 y habría facilitado la respuesta a emergencias como la fiebre amarilla en el Tolima.
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se sumó a las críticas del jefe de Estado, calificó la decisión como “inadmisible” y advirtió que la suspensión no detendrá el rumbo del Ejecutivo.
“Hoy la discusión es sobre el vehículo normativo, no sobre la legitimidad del modelo. Los dueños del negocio no quieren que se garantice ese derecho. No nos vamos a paralizar. El cambio continúa”, afirmó Jaramillo.
El ministro reiteró que el objetivo del decreto era fortalecer la atención primaria y garantizar el derecho fundamental a la salud “en todo el territorio y sin discriminación”.
La oposición celebra el revés
Mientras tanto, la oposición y varios expertos del sector salud recibieron la noticia como un triunfo del Estado de Derecho. El exministro Alejandro Gaviria cuestionó la estrategia del Gobierno de impulsar una reforma estructural mediante un decreto y no a través del Congreso.
“Tratar de cambiar la ley con un decreto es violentar el Estado de Derecho”, escribió Gaviria.
Por su parte, el representante a la Cámara, Andrés Forero, del Centro Democrático —quien lideró la demanda ante el Consejo de Estado— celebró la decisión: “Es una buena noticia y un alivio para los colombianos que el ‘plan B’ o reforma a la salud vía decreto se haya empantanado”.
Los argumentos del Consejo de Estado
El alto tribunal consideró que el Ejecutivo se excedió en sus competencias al regular de forma integral la prestación del servicio de salud, una materia reservada al Congreso. En su análisis preliminar, el Consejo de Estado señaló que el decreto alteraba principios estructurales del sistema, como la distribución de competencias institucionales y la organización territorial del servicio.
Entre los puntos más críticos, el decreto suspendido creaba las Redes Integrales e Integradas de Servicios de Salud (RIITS), que serían coordinadas por los entes territoriales —en lugar de las EPS—, modificando así un eje central del modelo vigente.
La suspensión deja en pausa los planes del Ministerio de Salud para reorganizar el mapa sanitario del país. Aunque la decisión no es definitiva, representa un golpe político para el Gobierno, que veía en este decreto la vía más rápida para avanzar en su reforma ante la falta de mayorías en el Congreso.
