La orden para el sector de infraestructura del presidente de Colombia, Gustavo Petro, es que solo se girará dinero a megaobras que realmente avancen.
“No vamos a girar dineros para guardarlos en fiducias, aparecen como ejecutados en las contabilidades, pero terminan generando ganancias financieras sin obras”, así lo manifestó Petro en su cuenta de X.
El presidente hace varias semanas viene criticando el modelo de construcción de vías en Colombia, tildándolo incluso como ‘tramposo’ y ‘concentrado en los ricos’.
La disyuntiva entre Petro y los recursos para las megaobras en Colombia
En ese sentido se han abierto varias discusiones respecto a las vigencias futuras, un método de financiación que compromete recursos a largo plazo y el cobro por valorización.
Petro sostiene que la inversión pública se ha concentrado en vías -especialmente de Bogotá y Medellín – y no en condiciones básicas para vivir como agua potable, salud, saneamiento ambiental o educación.
“La inversión pública nacional se ha concentrado en Antioquia y, en segundo lugar, Bogotá. Pero de acuerdo con el costo por kilómetro, sobresalen dos regiones: el valle de Aburrá y Bogotá y su salida al norte y al llano”, escribió el presidente.
El presidente destaca que, al focalizar inversiones en ciertas regiones privilegiadas, se deja desconectado el interior del país. Se refiere específicamente a vías como la Medellín/Quibdó, la vía hacia el corregimiento del Aro y las carreteras locales en Urabá, incluyendo las de San José de Apartadó.
Además, critica las decisiones gubernamentales de comprometer la inversión pública en esas áreas por hasta 30 años. Esto, a su juicio, concentra la inversión en zonas donde se realizan negocios con entidades bancarias y concesionarios de carreteras, así como en regiones habitadas por la población adinerada del país, como el norte de Bogotá y el sur de Medellín/Rionegro, eximiéndolas del pago de valorización.
Según el presidente de Colombia, esta política ha dado como resultado que las mejores carreteras estén llenas de peajes, que únicamente cubren los costos de mantenimiento.
Lo cual ha contribuido al gran déficit fiscal, dado que el Estado es quien financia los proyectos de infraestructura vial como las vías 4G.
Además, ha exacerbado la desigualdad regional y poblacional, y deja en evidencia una clara falta de compromiso con los acuerdos de paz del 2016, los cuales prometían la inclusión de territorios excluidos.
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