El presidente Gustavo Petro decidió no aprobar el proyecto de ley que buscaba institucionalizar el día sin IVA como política de Estado, a pesar de su reciente aprobación por el Congreso.
Las razones dadas por el mandatario se centran en la «inconstitucionalidad» y «conveniencia» de la propuesta.
En el documento de objeciones, se señala que solo el Gobierno tiene la autoridad para presentar iniciativas que decreten exenciones de impuestos, y esta propuesta, surgida del Congreso, no contó con el aval gubernamental requerido. Petro
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, expresó su desacuerdo con la ley, calificándola como «no es un buen negocio».
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Causas de la decisión sobre los días sin IVA en Colombia
Según Bonilla, la propuesta de institucionalizar el día sin IVA para proteger el poder adquisitivo de los hogares y estimular la economía colombiana no es viable.
El documento del Ministerio de Hacienda, firmado por el presidente Petro, se argumenta que la ley no se ajusta al marco fiscal de mediano plazo necesario para la gestión de gastos y beneficios tributarios.
Así mismo, en la objeción presentada al Congreso, el Ministerio de Hacienda explicó que durante el debate legislativo no se consideraron sus comentarios sobre los posibles impactos fiscales. Además, se cuestionó la falta de un plan para cubrir la pérdida de ingresos que este día sin IVA podría generar para el Estado.
“Aunque en los días sin IVA las ventas fueron superiores al promedio diario, la literatura especializada sugiere que este tipo de medidas únicamente cambia la temporalidad del consumo y el tipo de bien consumido. En contraste, la medida tiene un alto costo fiscal, no se han valorado sus efectos en materia de cultura tributaria, y sus beneficios aplican principalmente a la población de mayores ingresos”, se lee en el documento.
Así las cosas, si la ley no recibe la sanción presidencial, el proyecto se devuelve al Congreso para una nueva revisión. Cabe mencionar que el rechazo a esta medida llega en un momento complicado para las finanzas del país, con una caída en la recaudación de impuestos por parte de la DIAN, además de recortes en los presupuestos de varias dependencias del Gobierno.
Cuando un proyecto de ley no recibe la sanción presidencial, el Congreso tiene la opción de reconsiderar el proyecto, ajustarlo según las objeciones del presidente o insistir en su aprobación. Si el Congreso decide insistir y aprueba nuevamente la ley con la mayoría requerida, el presidente estará obligado a sancionarla y promulgarla.
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