Un decretazo estaría dando el gobierno del presidente Gustavo Petro con el último paquete de decretos que emitió en el marco de la emergencia económica para enfrentar el frente frío.
La alerta viene desde el Decreto 0175 expedido desde el Ministerio de Agricultura, en el cual llama la atención el artículo 12 sobre medidas excepcionales de contratación.
Ese artículo autoriza a las entidades públicas a acudir a la contratación directa para la adquisición de bienes, servicios y logística necesarios para ejecutar las medidas del decreto.
Además, establece que estas contrataciones estarán sometidas únicamente a los requisitos y formalidades exigidos para la contratación entre particulares, con aplicación de los artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993 y lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007.
Uno de los puntos más sensibles está en el parágrafo primero: las entidades podrán adicionar los contratos estatales vigentes —o aquellos que se suscriban para conjurar la crisis— sin que les aplique la limitación del 50 % del valor inicial del contrato, prevista en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993. En la práctica, esto elimina el tope tradicional para aumentar el valor de los contratos durante su ejecución.
El parágrafo segundo señala que la supervisión deberá verificar y avalar el nexo causal entre la adición o modificación contractual y la mitigación de los efectos que dieron lugar a la declaratoria de emergencia, garantizando los principios de transparencia, responsabilidad, economía y selección objetiva.
Sin embargo, el parágrafo tercero añade otro elemento polémico: las medidas y contrataciones que se adopten en desarrollo del decreto quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el artículo 33 de la Ley 996 de 2005, conocida como Ley de Garantías, que restringe la contratación directa en época preelectoral.
La senadora Angélica Lozano lanzó sus reparos y encendió la discusión pública. “Alerta. En medio de la emergencia invernal, el Gobierno metió esta perla en el Decreto 0175. Un artículo amplía la contratación directa, elimina límites a las adiciones y elimina la restricción de la ley de garantías. En plena época electoral”, señaló.
