La Alianza por la Creatividad y el Entretenimiento (ACE) ha dado un golpe contundente a la piratería deportiva a nivel mundial al desmantelar Streameast, la red de ‘streaming’ ilegal más grande de su tipo.
Con más de 1.600 millones de visitas registradas en el último año a través de 80 dominios asociados, esta plataforma se había posicionado como uno de los principales focos de fraude audiovisual, retransmitiendo partidos de las ligas de fútbol europeas y afectando los ingresos legítimos de la industria. El operativo, que se originó en gran medida desde Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Filipinas y Alemania, expone la naturaleza transnacional de este delito y la necesidad de una cooperación mundial para poder combatirlo.
Este cierre significa una victoria para la industria del entretenimiento y el deporte. La piratería en vivo no solo roba audiencias y ganancias, sino que también desfinancia todo el ecosistema deportivo. Javier Tebas, presidente de LaLiga de España, ha manifestado en repetidas ocasiones que la lucha contra el fraude audiovisual es una prioridad.
Un ejemplo de este compromiso es la colaboración con la ACE, que ha llevado a operaciones exitosas en Argentina, como la que desmanteló una red con más de ocho millones de usuarios potenciales y que, según Tebas, podría haber alcanzado los 20 millones de clientes.
Es que las cifras de la piratería son alarmantes. Se estima que, en América Latina, la industria pierde US$6.500 millones al año a causa de este flagelo. De esa cifra, US$1.170 millones corresponden a pérdidas fiscales.
En Colombia el panorama es particularmente preocupante. El consumo de piratería en el país alcanza el 54,2 % de los usuarios que tienen acceso a internet de alta velocidad, lo que se traduce en una pérdida anual de US$435 millones para la industria.
Esta cifra sitúa a Colombia como el segundo país de la región con mayor consumo de piratería audiovisual, después de Uruguay, con el 59 %.
El millonario costo de un negocio ilegal
La caída de Streameast es solo la punta del iceberg. Este tipo de plataformas no son un simple pasatiempo, sino un negocio ilícito que afecta a la economía en general. La magnitud del problema ha escalado a tal punto que, en 2024, se enviaron más de 10,8 millones de notificaciones para la eliminación de transmisiones no autorizadas.
En enero de este año, LaLiga colaboró con Europol en una operación que neutralizó un número récord de plataformas ilegales de ‘streaming’ e IPTV, que distribuían más de 2.500 canales de televisión y afectaban a más de 22 millones de usuarios a nivel mundial. Además de los contenidos piratas, en los allanamientos se encontraron drogas y armas, lo que demuestra la conexión de este tipo de actividades con el crimen organizado.
La piratería: Un riesgo para el usuario y para el deporte
Más allá de los daños económicos, la piratería también implica riesgos directos para los usuarios. Las plataformas ilegales a menudo carecen de las medidas de seguridad adecuadas, lo que expone a los consumidores a ‘malware’, virus y robo de datos personales y bancarios.
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Además, el consumo de contenido pirata perjudica el modelo de negocio que permite la existencia del fútbol profesional. El dinero que se paga por los derechos de transmisión regresa a los clubes, que lo utilizan para pagar salarios de jugadores, mantener estadios, invertir en divisiones menores y financiar programas de desarrollo.
El fútbol es una industria que genera miles de empleos y sustenta un vasto mundo económico. La piratería debilita esta cadena, afectando desde los clubes más grandes hasta los más pequeños, y perjudica a las ligas que dependen de estos ingresos para mantenerse competitivas.
