José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda y Jorge Iván González, exdirector del Departamento Nacional de Planeación enviaron a la Corte Constitucional sus comentarios sobre la viabilidad del decreto de emergencia económica.
Ambos exfuncionarios llegaron a la conclusión de que la medida no se justifica por ningún motivo.
En primer lugar, González dejó claro que la Unidad de Pago por Capitación de salud (UPC) es insuficiente. “El monto del faltante no se conoce con certeza”.
Entre otras razones que menciona, se refiere a la crisis fiscal, enfatizando que no es un hecho sobreviniente. “En los dos intentos de reforma tributaria que fracasaron se hace una exposición de motivos que pone en evidencia las dificultades fiscales. Ambas propuestas no tuvieron buena acogida en el Congreso, y habría que preguntarse por la forma como el Gobierno tramitó los proyectos”.
En ese sentido, sobre las otras razones que expone: desastres naturales, sentencias judiciales sin pagar, obligaciones atrasadas como en servicios públicos, regla fiscal y de endeudamiento, y restricciones de caja, llega a la conclusión de que el tema no es nuevo.
Con esto, el exfuncionario del Gobierno Petro concluye que “los errores de estimación no se pueden considerar hechos sobrevinientes”, por lo tanto, la emergencia económica “no se justifica”.
En esa misma línea expone sus razones el exministro de Hacienda, en total acuerdo con González que la declaratoria “no identifica un hecho sobreviniente, imprevisible o extraordinario que justifique la activación de un estado de excepción”.
Sobre el deterioro de las cuentas fiscales, dice que “se explica por una expansión significativa y discrecional del gasto público en las vigencias recientes, así como por un ejercicio deficiente de presupuestación de los ingresos en 2024 y 2025”.
Por eso, el Ejecutivo “debería adelantar un ajuste fiscal ordenado, basado en la priorización del gasto, la corrección de ineficiencias y el uso responsable de los instrumentos presupuestales ordinarios”, asegura Ocampo.
Para él, la medida decretada “posterga las correcciones necesarias, desplaza el costo hacia un mayor endeudamiento en condiciones financieras adversas, deteriora la credibilidad fiscal y aumenta la vulnerabilidad macroeconómica”.
Adicionalmente, “sienta un precedente riesgoso al incentivar el uso recurrente de la excepcionalidad en contextos políticamente sensibles, como el actual”.
