La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, por una presunta participación indebida en política en medio de la campaña presidencial de 2026.
La actuación del organismo de control se originó tras una queja presentada por Pablo Bustos Sánchez, presidente de la Red de Veedurías de Colombia, quien solicitó investigar si el mandatario departamental habría utilizado su cargo, la estructura institucional y recursos públicos de la Gobernación de Boyacá para favorecer una candidatura presidencial.
En el documento radicado ante la Procuraduría, el denunciante también señala presuntas presiones a alcaldes, funcionarios y contratistas del departamento para respaldar determinadas actividades políticas durante la contienda electoral.
Tras conocerse la decisión del Ministerio Público, Amaya aseguró que colaborará con las autoridades y negó haber incurrido en conductas irregulares.
“Siempre atento y respetuoso de la institucionalidad. La Procuraduría investigará y se cerciorará de que no he incurrido en participación en política. Hemos estado gobernando y trabajando por esta tierra con mucho amor”, manifestó el gobernador.
La apertura de la investigación se produce a pocos días de la segunda vuelta presidencial, programada para este domingo.
Precisamente, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, reveló recientemente que la entidad tiene abiertos 181 expedientes relacionados con presunta participación indebida en política por parte de funcionarios públicos.
Según explicó el jefe del Ministerio Público, esa cifra incluye tanto indagaciones preliminares como investigaciones disciplinarias formales. Además, informó que en 13 de esos casos ya se ordenó la suspensión provisional de los funcionarios involucrados mientras avanzan las respectivas actuaciones.
Eljach también señaló que la Procuraduría continúa recibiendo nuevas denuncias relacionadas con posibles intervenciones indebidas de servidores públicos en actividades políticas y electorales.
La investigación contra Amaya se suma así a la serie de actuaciones que adelanta la Procuraduría en el marco del proceso electoral de 2026, en el que la entidad ha intensificado el seguimiento al cumplimiento de las restricciones que la ley impone a los funcionarios públicos frente a la actividad política.
