La Procuraduría General de la Nación, bajo la dirección de Gregorio Eljach, lanzó un llamado de atención a las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios de Colombia. ¿Qué pidió el entre de control a las compañías de esta industria?
A través de la Circular No. 011, el organismo de control recordó a los operadores su obligación legal de garantizar la continuidad, calidad y cobertura de servicios esenciales como acueducto, alcantarillado y aseo.
La circular, enviada por la Delegada para la Gestión y la Gobernanza Territorial, tiene un carácter preventivo y busca evitar afectaciones a las comunidades, proteger la salud pública y asegurar la gobernanza territorial. Según se expone en el documento, los prestadores están obligados a cumplir estrictamente lo estipulado en la Ley 142 de 1994, que rige los servicios públicos domiciliarios en Colombia.
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Entre los estándares que deben respetarse, la Procuraduría destacó dos indicadores claves:
- El suministro de agua potable debe mantener un Índice de Riesgo de Calidad del Agua (IRCA) entre 0 % y 5 %, garantizando así su seguridad para el consumo humano.
- La continuidad del servicio de acueducto debe oscilar entre 18 y 24 horas diarias, de manera satisfactoria.
Además, se recordó a las empresas la responsabilidad de operar el servicio de aseo de forma eficiente, minimizando impactos negativos como la dispersión de residuos en la vía pública. Esta prestación debe realizarse en cumplimiento del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), evitando así riesgos para la salud de la población.
“Esta acción preventiva busca no solo el cumplimiento de las normas, sino evitar la comisión de irregularidades que puedan acarrear consecuencias legales y administrativas”, subrayó el órgano de control en el comunicado.
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La Procuraduría también alertó sobre la importancia de un uso adecuado de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), que financian, entre otros, los servicios públicos básicos en los territorios.
Aunque el Ministerio Público reconoció los avances institucionales en materia de prestación de servicios, hizo énfasis en la necesidad de reforzar las acciones que garanticen el acceso equitativo, continuo y seguro a estos servicios fundamentales para la calidad de vida de millones de colombianos.
