La Procuraduría General de la Nación, por medio de la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios y la Procuraduría Delegada para la Gestión y la Gobernanza Territorial, lanzó una alerta al Gobierno de Colombia y pidió garantías para evitar un colapso en el sector de energía del país, por ejemplo: completar expertos de la CREG.
El ente de control aseguró que ha venido realizando un seguimiento a la política de transición energética y a la prestación eficiente y adecuada del servicio público domiciliario de energía, en miras de que se propenda por un equilibrio entre la seguridad e igualdad energética y la sostenibilidad ambiental.
“En virtud de este seguimiento, la Procuraduría General de la Nación está plenamente informada sobre el grave problema de liquidez de las comercializadoras que puede derivar en un riesgo sistémico para el sector eléctrico que podría afectar el suministro de energía en el país”, precisa la carta del ente de control.
Al respecto, este órgano, desde su misionalidad preventiva, indicó que ha adelantado dos mesas de trabajo:
- La primera a finales de agosto para establecer una hoja de ruta con acciones inmediatas para contrarrestar la situación
- La segunda, el seis de octubre, para verificar el avance de esas acciones
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De acuerdo con la compañía, se pudo constatar que la situación antes de mejorar sigue agravándose por la falta de claridad y celeridad en la toma de decisiones que puedan evitar el riesgo sistémico y anticiparse a los efectos del Fenómeno del Niño.
Con ello, de acuerdo con la Procuraduría, una posible vulneración de los derechos fundamentales y económicos, sociales y culturales de la población colombiana, relacionados con la garantía del acceso a la energía eléctrica a las viviendas.
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Para la Procuraduría General de la Nación, la falta de claridad y celeridad en la toma de decisiones “tiene su origen en una situación sin precedentes para el sector administrativo de minas y energía consistente en la interinidad prolongada en los cargos de las instituciones competentes para tomarlas”. Por ejemplo:
- No se ha realizado el nombramiento en propiedad de los expertos comisionados de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), autoridad encargada, entre otras funciones, de crear las condiciones para asegurar la disponibilidad de una oferta de energía eficiente capaz de abastecer la demanda bajo criterios sociales, económicos, ambientales y de viabilidad financiera, promover y preservar la competencia, recordó la Procuraduría.
La integración dada por el legislador a la Comisión es de un cuerpo colegiado en la cual tienen asiento dos ministros del despacho, el director de Planeación Nacional y seis expertos comisionados, con perfiles calificados y experiencia en el sector, nombrados libremente por el presidente de la República, para un periodo institucional de cuatro años, que se explica en virtud del principio democrático y de los principios de eficacia y eficiencia, que aseguran al comisionado su estabilidad al margen de los vaivenes políticos.
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El tener los seis empleos comisionados encargados, cuyo término legal máximo vence en estos días, sin proveerlos definitivamente afecta la garantía institucional objetiva y la toma de decisiones de manera oportuna.
- En el Ministerio de Minas y Energía, la Procuraduría General de la Nación también evidenció que el Viceministerio de Energía tampoco tiene a un titular en propiedad, el empleo está provisto a través de encargo, lo que ha generado pocos avances en el cumplimiento de las funciones asignadas a este Despacho en el Decreto 381 de 2012.
Entre las funciones del viceministro de Energía se encuentran: revisar la evolución del sector energético, proponer políticas y acciones para su crecimiento, asesorar al ministro de Minas y Energía en el análisis y evaluación de la regulación energética.“Funciones que ante las alertas que se han presentado frente a la prestación del servicio de energía en el país son indispensables para brindar las soluciones que la coyuntura demanda”, destacó la Procuraduría.
Según el ente de control, es pertinente resaltar que la decisión de nombrar funcionarios en propiedad no es un tema menor, puesto que el hecho de contar con una debida institucionalidad contribuye a un desarrollo económico sostenible para Colombia.
Ya que, de acuerdo con la entidad, al tener reglas claras se brinda seguridad jurídica a la sociedad, lo que facilita la celebración de acuerdos entre los diferentes actores, que en el caso concreto no solo permitiría la garantía del acceso al servicio público de energía de todos los colombianos, sino la consolidación de la Hoja de Ruta de la Transición Energética Justa.
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“Por lo anterior, por medio del presente oficio la Procuraduría General de la Nación realiza un llamado de alerta acerca de la interinidad que se presenta en la CREG y en el propio Ministerio de Minas y Energía, con el fin de que en cumplimiento del marco legal vigente a la brevedad se realicen los respectivos nombramientos en propiedad”, advirtió la Procuraduría.
Lo anterior, debido a que estos nombramientos asegurarían la autonomía y el rigor técnico en la toma de decisiones en el sector energético, por medio del cual se garantiza la vida, bienestar y desarrollo de todas las personas.
