La Procuraduría General de la Nación demandó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el convenio suscrito entre la Cancillería, la Imprenta Nacional y la Casa da Moneda de Portugal para la producción de pasaportes, al considerar que el acuerdo presenta vicios, irregularidades y desconocimiento de las reglas de contratación estatal.
El organismo de control solicita la nulidad absoluta del contrato, valorado en $1,3 billones, que fue firmado el 28 de julio de 2025 y que tenía como objetivo reemplazar a la firma Thomas Greg & Sons, encargada por muchos años de la impresión de las libretas. Ahora bien, cabe mencionar que este contrato fue muy polémico y le costó la salida a los cancilleres: Álvaro Leyva, Luis Gilberto Murillo y Laura Sarabia.
La demanda busca, además, frenar la implementación del nuevo modelo de pasaportes impulsado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
De acuerdo con el procurador delegado para la vigilancia preventiva, Marcio Melgosa, se encontró que la Casa da Moneda de Portugal solo aportaba el 21 % del valor total, cuando la norma exige una participación mínima del 50 %.
Pese a no cumplir ese requisito, no se adelantó un proceso competitivo, lo que —según el Ministerio Público— vulneró los principios de transparencia, igualdad y selección objetiva. Además, la investigación evidenció que la Imprenta Nacional no tenía la capacidad técnica ni operativa para ejecutar directamente el contrato, actuando únicamente como intermediaria, mientras que la entidad portuguesa asumía toda la ejecución, configurándose una subcontratación total del objeto contractual.
Durante las visitas preventivas de la Procuraduría también se detectó la ausencia de estudios de mercado, falta de justificación técnica y un documento de selección del cooperante sin firmas ni soportes legales. A esto se suman irregularidades en la aprobación del convenio por parte de la Junta Directiva de la Imprenta Nacional, como citaciones extemporáneas, ausencia de acta formal y exigencia de acuerdos de confidencialidad a los miembros, lo que —según el Ministerio Público— vicia de nulidad plena la decisión.
Tras conocerse la demanda, el presidente Gustavo Petro reaccionó en su cuenta de X: “El país tiene derecho a que su imprenta sea capaz de hacer los documentos de identificación de su ciudadanía. Los datos íntimos no deben quedar en manos de privados comerciales. Me aparto por completo del procurador en este tema”, escribió el mandatario, quien agregó que ya vio el nuevo pasaporte, “será el cuarto en calidad en el mundo”.
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