La Procuraduría General de la Nación le solicitó al Consejo Nacional Electoral sancionar a Ricardo Roa Barragán, presidente de Ecopetrol, por violación de topes máximos de financiación y, al, mismo tiempo ocultamiento de gastos de la misma campaña, mientras se desempeñó como gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro 2022 – 2026.
Según la entidad de control, Roa ejecutó diversas maniobras para ocultar información de gastos en la segunda vuelta presidencial, específicamente en el alquiler del Movistar Arena, el cual tiene un valor de alquiler por $250 millones, mientras que Roa lo registró por $150 millones, siendo los $100 millones restantes pagados por Servired S.A.S., persona jurídica, acción prohibida por la ley.
“Se tiene que el valor final de gastos para la primera vuelta de la campaña seria entonces los $28.334 millones reportados, más $356 millones del valor de la factura CI 8136, lo cual sumaria $28.690 millones, superando en $154 millones el límite de gastos de campaña de primera vuelta, teniendo en cuenta que el mismo estaba fijado por el CNE en $28.536 millones”, señala el documento.
Además de sancionar a Roa, solicitan la misma medida para Lucy Aydee Mogollón, tesorera de la campaña, y a María Lucy Soto y Juan Carlos Lemus, auditores, con el pago de una multa correspondiente al 2 % del valor que el Estado de desembolsó para la segunda vuelta presidencial.
Así las cosas, la propuesta busca que entre los tres implicados paguen el valor de $308 millones en multa.
Procuraduría solicitó el cierre de otro cargos de Ricardo Roa
Adicional a la información anterior, el documento también se refirió a los supuestos aportes de Fecode o la Unión Sindical Obrera (USO) a la campaña de Petro.
Según el ente de control, sustentado en declaraciones de sindicalistas, no fue comprobado que la campaña recibió aportes de USO, sino que fueron utilizados por la propia organización, por lo que no debían ser registrados.
Adicional con el supuesto aporte de Fecode por $500 millones, el ente explicó, respaldado por el testimonio del secretario general de Fecode en 2022, que la donación fue destinada para la Colombia Humana, sin tener relación con la campaña.
“Comparte este funcionario las apreciaciones contenidas en la resolución 05175 de 2024, en la cual pone de presente varias inconsistencias, como, por ejemplo, que la insinuación de la donación se hiciera varios meses de haber sido autorizada la misma, o que el contenido del acta del comité no corresponda exactamente con lo realizado con esos recursos; pero para los efectos que interesan al presente proceso la realidad es que los recursos no ingresaron a la campaña” explicó el procurador Cuadro.
Por último, el ministerio público hizo énfasis en que no existió inconsistencia en el pago de transporte aéreo, ni en el crédito de $500 millones que fue solicitado, pero luego cancelado durante la campaña.
