La ProcuraduríaGeneral de la Nación y la Defensoría del Pueblo abrieron una revisión conjunta sobre el cumplimiento de los acuerdos firmados entre el Gobierno Nacional y los transportadores de carga.
El procurador delegado para el caso, Alexander López, explicó que la Defensoría advirtió, tanto en un comunicado como en una reunión sostenida el pasado 20 de enero, sobre un silencio administrativo por parte de cinco carteras frente a compromisos adquiridos en los acuerdos suscritos el 9 de septiembre de 2024.
“La Procuraduría General de la Nación es garante del cumplimiento de los acuerdos firmados el 6 de septiembre de 2024. En esa responsabilidad constitucional, junto con la Defensoría del Pueblo, hemos venido haciendo seguimiento a cada uno de los 15 puntos pactados con los camioneros y transportadores”, señaló López.
Según el funcionario, varios de los compromisos están relacionados con la formalización del sector, que agrupa a un número amplio de asociaciones y empresas, y que requiere acciones más rápidas por parte del Estado. No obstante, advirtió que algunos puntos demandan un mayor esfuerzo del Gobierno nacional, especialmente en materia de seguridad vial.
“Tenemos tres o cuatro departamentos que presentan enormes dificultades de seguridad en las vías. Hemos hecho requerimientos al Ministerio de Defensa y al Ministerio del Interior para que se adopten medidas efectivas”, sostuvo.
Otro de los compromisos clave está relacionado con los costos del ACPM, uno de los detonantes de las protestas del sector. De acuerdo con López, en este punto el Gobierno ha cumplido al no incrementar el precio y aplicar las medidas de regulación acordadas.
Entre tanto, el Ministerio de Transporte ha mantenido reuniones con el gremio y, aunque en los últimos días se habló de un posible paro, varios sectores lo han descartado. Valora Analitik consultó a voceros del gremio para conocer el trasfondo de la discusión.
Desde Familia Camionera, su representante Alberto Palma rechazó de plano la posibilidad de una nueva protesta y tomó distancia de otras voces del sector.
“Nosotros no estamos de acuerdo con afectar las vías del país. En gobiernos anteriores nos engañaban y no cumplían, pero hoy nos encontramos con un Gobierno que entiende lo que necesitamos”, aseguró.
Sin embargo, desde operadores como Fedetranscarga alertan por sucesos como retenes armados ilegales, secuestros, incineración de vehículos y actos terroristas.
Por su parte, la ministra María Fernanda solicitó al Ministerio de Defensa redoblar los esfuerzos de protección en las carreteras, incluso con apoyo del Ejército, para garantizar la seguridad de los transportadores. Una nueva jornada de trabajo está prevista para el próximo jueves.
“La seguridad de quienes mueven la economía del país es una prioridad. Por eso pedimos reforzar la presencia y el control en las vías nacionales para proteger la vida y el trabajo de los transportadores”, afirmó la ministra.
