El Gobierno de Abelardo de la Espriella radicó ante el Congreso de la República el Proyecto de Ley de Competitividad, con el que busca reducir trámites, costos y tiempos para la creación y formalización de empresas, así como para la ejecución de inversiones en el país.
El proyecto, presentado en el Senado por el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, tiene como uno de sus principales objetivos evitar que empresarios y ciudadanos tengan que entregar varias veces información que ya se encuentra en poder del Estado.
La propuesta tiene un foco particular en las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que, según el Gobierno, cuentan con menor capacidad para asumir los costos y tiempos asociados a la burocracia.
Entre las medidas planteadas está la creación de un Expediente Único Empresarial Digital, que permitiría compartir información entre entidades públicas y evitar la entrega repetida de documentos. También se busca fortalecer la Ventanilla Única Empresarial (VUE).
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Proyecto plantea cambios para empresas e inversiones
Uno de los puntos concretos del proyecto es la eliminación del cobro por el concepto de inspección técnica de seguridad de bomberos para microempresas, con lo que se busca reducir uno de los costos asociados a su formalización y operación.
Para proyectos de construcción y urbanismo, la iniciativa plantea un requerimiento único e integral, con el objetivo de evitar que las autoridades soliciten información de manera fragmentada y en diferentes momentos.
Además, se propone que el certificado urbanístico vinculante sea expedido en un plazo de 15 días hábiles, una medida con la que el Gobierno busca reducir la incertidumbre para empresarios e inversionistas que necesitan tomar decisiones sobre sus proyectos.
En comercio exterior, el proyecto también contempla fortalecer la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) para mejorar la coordinación entre entidades y evitar la repetición de documentos y controles dentro de una misma operación.
El Gobierno señala que la iniciativa no busca eliminar los controles relacionados con salud, seguridad, ambiente y protección de terceros, sino modificar la forma en que se realizan mediante procesos digitales, coordinados y proporcionales al nivel de riesgo.
“Queremos destrabar la permisología. El Estado tiene que controlar lo que realmente debe controlar, pero no puede convertir cada inversión, cada emprendimiento o cada nueva empresa en una carrera de obstáculos”, afirmó el ministro Gómez Amín.
