En medio del avance de la transición energética en Colombia, la generación distribuida (GD) se perfila como una de las herramientas más importantes para diversificar la matriz eléctrica y aliviar la presión sobre un sistema de transmisión que ya opera cerca de sus lÃmites.
Sin embargo, especialistas advierten que la normativa vigente presenta obstáculos que podrÃan frenar su consolidación, especialmente en lo relacionado con los tiempos de conexión exigidos por la regulación.
Una alternativa clave en la transición energética
De acuerdo con Juanita Hernández Vidal, managing partner de Estudio Legal Hernández, la generación distribuida ha emergido como una opción disruptiva y complementaria frente al modelo tradicional de grandes proyectos centralizados.
Este esquema, definido legalmente desde la Ley 1715 de 2014 y precisado por la Resolución CREG 174 de 2021, permite a pequeñas plantas, de menos de 1 MW, producir energÃa cerca de los centros de consumo y conectarse a las redes de distribución locales.
Su aporte va más allá de la diversificación: la GD facilita la reducción de pérdidas en el sistema, incrementa la resiliencia operativa y abre espacio para nuevos actores en el mercado eléctrico.
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No obstante, el desarrollo de estos proyectos se enfrenta a desafÃos técnicos, financieros y contractuales que requieren procesos de estructuración más robustos que los que actualmente contempla el marco regulatorio.
El plazo regulatorio: un cuello de botella para los proyectos
La normativa actual establece que, una vez aprobado el punto de conexión, el proyecto debe entrar en operación en un plazo máximo de nueve meses (seis iniciales más una prórroga de tres).
De acuerdo con Hernández Vidal, este término, concebido para dar agilidad, se ha convertido en una barrera.
La estructuración integral de un proyecto de generación distribuida involucra aspectos prediales, ambientales, financieros y contractuales que difÃcilmente pueden resolverse en ese tiempo.
El resultado es que plantas completas, incluso ya construidas, han perdido sus puntos de conexión al no lograr cumplir con la exigencia. En algunos casos, los retrasos obedecen a factores externos, como demoras imputables a los operadores de red.
La experta advierte que esta situación no solo desalienta a inversionistas, sino que también limita el potencial de expansión de la GD, con pérdidas que en los últimos años han superado los 80 MW en capacidad instalada.
Hacia un nuevo enfoque regulatorio y de desarrollo
El artÃculo de Hernández Vidal publicado en la revista C-Regula plantea que la Comisión de Regulación de EnergÃa y Gas (CREG) debe revisar de manera urgente este plazo, ajustándolo a la realidad del sector.
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La propuesta es que los proyectos de GD adopten una lógica distinta a la de la generación a gran escala: garantizar desde etapas iniciales la financiación, los contratos clave, la tenencia de predios y los permisos ambientales, antes de solicitar la conexión.
Este cambio de paradigma permitirÃa a los desarrolladores tener mayor certidumbre y reducir el riesgo de perder puntos de acceso a la red.
Para que la generación distribuida logre consolidarse como un verdadero motor de la transición energética en Colombia, será necesario que el marco regulatorio se adapte a las particularidades de este modelo y permita materializar proyectos de manera efectiva y sostenible.
