Se espera que este viernes 29 de agosto el gobierno del presidente Gustavo Petro radique su nueva reforma tributaria. La iniciativa traería cambios clave en materia de eliminación de beneficios, modificaciones al IVA y nuevos impuestos para algunos productos.
De acuerdo con Germán Ávila, ministro de Hacienda, lo que se quiere con este proyecto de ley es revisar la estructura impositiva y, de nuevo, fijar la estrategia de recaudo sobre las personas e industrias de más altos ingresos.
La proyección del gobierno Petro es que esta reforma tributaria que se entregará al legislativo llegue a recoger cerca de $26 billones, lo que la haría ser una de las más ambiciosas de los últimos años, incluyendo la primera iniciativa de esta administración.
Justamente, hay que recordar, la tributaria del gobierno de Gustavo Petro (Ley 2277 de 2022) esperaba un recaudo del orden de los $20 billones en 2023, aumentando a $24,4 billones en 2026.
Vale recordar que, dentro de sus principales medidas incluyeron nuevos impuestos sobre el patrimonio, más impuestos a los combustibles fósiles, impuestos a las bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados. Así mismo se fijaron aumentos en el impuesto de renta para personas naturales y empresas.
¿Cuáles han sido los otros recaudos de las recientes iniciativas de reforma tributaria?
La reforma tributaria del gobierno de Juan Manuel Santos (Ley 1819 de 2016), buscaba recaudar alrededor de $7 billones en 2017. Sus puntos clave fueron, vale mencionar, el aumento de la tarifa general del IVA del 16 % al 19 %.
Para ese momento, la reforma del gobierno Santos también aprobó la reintroducción del impuesto a los dividendos, medida que se mantiene hasta ahora.
Finalmente, la tributaria del gobierno de Iván Duque (Ley 2010 de 2019): buscó compensar la caída de ingresos tributarios del año 2020, momento de más complejidad por la pandemia del Covid-19.
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Esa reforma tributaria estimó un recaudo de $1,8 billones en 2020 y $10 billones en 2022. La ley incluyó, de acuerdo con el documento propuesto al Congres, la reducción de la tarifa de renta corporativa y la limitación de algunos beneficios fiscales.
