El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció que este miércoles, durante el Consejo de Ministros, previsto para iniciar a las 5:00 p. m., se firmará el decreto madre que declarará la emergencia económica para atender las afectaciones ocasionadas por el terremoto que golpeó al país.
La medida busca otorgar facultades extraordinarias y disponer de recursos para responder de manera inmediata a la emergencia y avanzar en la reconstrucción de las zonas afectadas, costos estimados en más de $30 billones, según los cálculos iniciales. De la Espriella aseguró que estos recursos serán administrados bajo criterios de responsabilidad y rigor fiscal, en un momento en el que “las finanzas públicas enfrentan una situación particularmente compleja”.
Según explicó, actualmente Colombia destina cerca de uno de cada tres pesos al pago de la deuda pública, situación que limita el margen de maniobra de la Nación y aumenta la necesidad de contar con mecanismos extraordinarios para atender las consecuencias del desastre.
Papel del sector asegurador
Uno de los principales compromisos está relacionado con la atención de los afectados y el papel del sector asegurador. Esto pues el Gobierno señaló que las compañías aseguradoras han manifestado su disposición de hacer lo que corresponda frente a la tragedia y que el pago de las pólizas comenzó desde el momento en que ocurrió el terremoto.
De la Espriella aclaró además que los damnificados no tendrán únicamente dos días para presentar sus reclamaciones. “Para los estratos 1, 2 y 3 y las viviendas de interés social, el periodo para realizar reclamaciones será de hasta dos años”, con el objetivo de garantizar que las personas afectadas tengan tiempo suficiente para acceder a la atención y los recursos correspondientes.
“No vamos a dejar a nadie desamparado”, señaló el mandatario, al insistir en que las personas que no cuentan con un seguro también deberán recibir una atención adecuada y digna por parte del Estado.
El Gobierno enfatizó que la respuesta a la emergencia tendrá como prioridad a los hogares de menores ingresos y a las personas con mayores necesidades, entre ellas los adultos mayores. De acuerdo con De la Espriella, bajo ninguna circunstancia las medidas adoptadas para financiar la emergencia podrán trasladar la carga a estas poblaciones.
La declaración de emergencia económica será, así, el primer instrumento extraordinario del Gobierno para movilizar recursos y acelerar la atención de las comunidades afectadas por el terremoto, en medio del desafío adicional que representa la estrechez fiscal que atraviesa actualmente Colombia.
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