Un análisis técnico de la Contraloría advirtió que el proyecto de decreto del Ministerio de Hacienda que busca reducir el límite de inversiones que tienen los fondos de pensiones (AFP) en el exterior no solo comprometería la rentabilidad de los trabajadores, sino que obligaría al Estado a asumir esfuerzos fiscales adicionales.
El Gobierno anticipó a finales del año pasado que buscaría la manera de que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) se vieran obligadas a invertir más recursos en Colombia tras identificar que se habrían colocado unos $250 billones en el exterior.
Recientemente la directora de la Unidad de Regulación Financiera (URF), Diana Larisa Caruso López, explicó que el decreto en el que se viene trabajando reduciría progresivamente el monto de inversión primero al 35 % y luego al 30 %.
La principal preocupación del organismo de control radica en que, según la Constitución, el Estado es el garante de la pensión de los ciudadanos.
Sin embargo, si los recursos pensionales generan menores rendimientos debido a la restricción de inversión extranjera, como han estimado los expertos, el faltante necesario para alcanzar una pensión mínima debería ser cubierto con recursos públicos, lo que incrementa el riesgo de déficit fiscal.
Este escenario se vuelve crítico de cara a la nueva reforma pensional. Una vez la ley entre en vigor (actualmente en revisión de la Corte Constitucional), la Nación se vería obligada a destinar mayores recursos fiscales para el pago de mesadas, especialmente en el periodo comprendido entre 2037 y 2052, años en los que el número de pensionados seguirá aumentando mientras la cifra de cotizantes activos comenzará a disminuir.
Las inversiones con más rendimientos
Por otra parte, el ente de control señaló que imitar la diversificación internacional tendría un impacto directo y negativo en el capital de los afiliados. Según su análisis, históricamente, las inversiones locales en Colombia han mostrado rendimientos significativamente más bajos que las internacionales.
Un portafolio diversificado, es decir, con inversiones locales y en el exterior, ha logrado una rentabilidad promedio anual del 8,5 %, frente a un escaso 3,8 % que habría obtenido un portafolio invertido exclusivamente en Colombia (fondo moderado).
En términos de ahorro real, un trabajador que hubiera invertido $1 millón en activos internacionales en 2011 tendría hoy unos $3,2 millones, mientras que en el mercado interno solo habría alcanzado $1,6 millones.
“En términos prácticos, esta brecha de rendimientos implicaría que, al momento de pensionarse, un trabajador podría contar con un saldo hasta 29,5 % menor, lo que se traduciría en una reducción equivalente en el valor de su mesada pensional”, indica el comunicado.
Además, se estima que con la repatriación de $177,8 billones para 2030, los afiliados dejarían de percibir cerca de $3,2 billones en sus cuentas individuales debido a la pérdida de rentabilidad del 3,7 % sobre esos recursos.
Riesgos adicionales
Otro argumento de la Contraloría es la incertidumbre sobre la capacidad del mercado local para absorber tal cantidad de capital.
El decreto elevaría la inversión nacional en los portafolios de las AFP del 51 % actual al 69 % (un aumento del 18 %), pero no existe certeza sobre proyectos de inversión o alternativas locales suficientes para recibir estos recursos.
La entidad destacó que los mercados internacionales ofrecen mayor profundidad, liquidez y diversificación, además de beneficios por la valorización de activos y el tipo de cambio que el mercado interno no puede igualar.
Finalmente, el ente de control advirtió que guiar la asignación de recursos pensionales por necesidades fiscales del Gobierno en lugar de criterios técnicos y financieros pone en riesgo la estabilidad del ahorro de millones de colombianos a largo plazo.
Por ello, hizo un llamado a que cualquier decisión sobre estos fondos priorice la protección del ahorro y la sostenibilidad del sistema por encima de intereses coyunturales.
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