En medio de los retos que enfrenta la infraestructura vial del país, Valora Analitik habló con Manuel Raigozo, gerente de la concesión Ruta al Mar, responsable del proyecto que conecta a Antioquia con Bolívar a lo largo de 495 kilómetros.
En esta entrevista, Raigozo expone los avances del corredor vial, los desafíos sociales y financieros que acompañan la operación, y el impacto que han tenido decisiones como el retiro del peaje de La Caimanera en la sostenibilidad del contrato de concesión.
¿En qué estado se encuentra actualmente el proyecto Ruta al Mar?
El proyecto Ruta al Mar, de la concesión del mismo nombre, registra actualmente un avance cercano al 95 % en la ejecución de las obras previstas. Todo el corredor concesionado, que abarca 495 kilómetros, ya está en operación. Es decir, nuestros usuarios pueden recorrer de origen a destino sin inconvenientes.
Esperamos que al finalizar este año podamos operar de manera normal la totalidad de esos 495 kilómetros.
¿Cuáles son los principales retos que enfrentan en la operación?
Tenemos grandes retos, particularmente en lo relacionado con los temas sociales, como los bloqueos y manifestaciones. Estos hechos hacen parte del día a día, pero indudablemente afectan a los usuarios, generan pérdidas a los transportadores y también impactan el recaudo de la concesión. Aun así, seguimos operando con normalidad el corredor a nuestro cargo.
Uno de los puntos más polémicos ha sido el peaje de La Caimanera. ¿Cuál es la situación actual?
En cuanto al peaje de La Caimanera, es de conocimiento público que fue retirado por el actual gobierno en enero de 2023. La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) ha intentado en varias oportunidades reubicarlo, pero la comunidad de Tolú organizada en el denominado Comité No al Peaje, se ha opuesto de manera reiterada. La última alternativa planteada fue ubicarlo en la variante de Coveñas, pero el rechazo de las comunidades persiste.
¿Qué consecuencias tiene esa situación para la concesión y para el Estado?
Esto implica que la ANI deba asumir el recaudo que dejó de percibirse, lo que afecta las finanzas del proyecto y obliga al Estado a compensar al concesionario por la eliminación de la caseta. El contrato de concesión, al ser una iniciativa privada (IP), contempla fórmulas de compensación y distribución de riesgos que han venido aplicándose.
Sin embargo, los recursos líquidos disponibles para ello ya se agotaron y la ANI está buscando nuevas fuentes, dentro del contrato, que no involucren recursos públicos, pues la ley lo prohíbe en este tipo de proyectos.
Se trata de riesgos ya materializados, como los derivados del Decreto 050, las tarifas diferenciales, el impacto del COVID-19 y la eliminación del peaje de La Caimanera.
Finalmente, está en curso un tribunal de arbitramento que analiza varias causas. Entre ellas, la existencia de situaciones sociales, ambientales y técnicas que han impedido superar ciertos obstáculos del proyecto, así como la ausencia de fuentes claras para la mitigación de riesgos. Las audiencias y alegatos ya se realizaron y se espera que el tribunal emita un laudo en el primer trimestre de 2026.
