La subida del salario mínimo, que lo llevó hasta el umbral de los $2 millones, sigue en el centro de la controversia jurídica. Así lo confirmó el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, al revelar que en el primer día tras el reinicio de la actividad judicial ya se habían radicado nueve demandas de nulidad y seis tutelas contra el decreto expedido por el Gobierno.
Frente a la ofensiva jurídica, el jefe de la cartera laboral reiteró el llamado a la movilización en las calles.
Las demandas contra el salario mínimo
Entre las pretensiones de los demandantes figura la solicitud de una medida provisional, bajo el argumento de que el incremento tendría “graves efectos inmediatos” sobre los pequeños negocios, el empleo formal y los trabajadores informales.
Con base en esa tesis, el exmagistrado Alejandro Linares, que lidera una de las acciones, pide que el decreto quede sin efectos de manera temporal, mientras se adopta una decisión de fondo. Con el fin de la vacancia judicial, las tutelas ya quedaron habilitadas para ser estudiadas.
Uno de los primeros movimientos provino del Consejo Gremial Nacional, que solicitó a la Corte Constitucional la suspensión provisional del decreto de emergencia y, de manera preventiva, la suspensión de todos los decretos legislativos que se expidan con fundamento en esa declaratoria, hasta el momento el 1474 de 2025 sobre impuestos.
En la misma línea, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció que radicó una solicitud ante la Corte Constitucional —que hoy retoma sesiones— en la que pide suspender el decreto de emergencia económica, al considerar que el Gobierno estaría asumiendo funciones propias del Congreso.
Petro responde
En este escenario, el presidente Gustavo Petro no tardó en reaccionar. La avalancha de demandas y tutelas fue interpretada por el mandatario como un intento de frenar el rumbo del Gobierno, lo que lo llevó a convocar a la movilización ciudadana para respaldar no solo el aumento del salario mínimo, sino también los decretos de emergencia económica y los impuestos derivados de esa declaratoria.
Petro defendió el incremento salarial apelando al concepto de “salario vital”, que —según explicó— fue calculado con base en estadísticas oficiales del DANE. De acuerdo con su argumento, el valor resulta de estimar la canasta mínima vital necesaria para no caer en pobreza y dividirla por el promedio de trabajadores por familia, lo que arroja un ingreso cercano a los $2 millones mensuales. “Si es una orden de la Constitución, ¿por qué en 35 años no se ha cumplido?”, cuestionó.
El presidente también sostuvo que, según cifras del DANE, los costos al productor cayeron 2,6 % durante 2025, lo que —en su lectura— demuestra que el aumento del salario mínimo no ha encarecido los costos de producción, incluso en un contexto de crecimiento real del salario del 18 % en los primeros años de su gobierno. Finalmente, anunció que presentará un proyecto de ley para que el salario vital mínimo y familiar se convierta en una política permanente, iniciativa que, advirtió, deberá ser debatida por el próximo Congreso o, eventualmente, por una Asamblea Nacional Constituyente.
