Las demandas de concesionarios de vías 4G contra el Estado se han disparado en los últimos dos años, en gran parte por la decisión del presidente Gustavo Petro de congelar los peajes.
Así lo demuestran cifras del Ministerio de Transporte y datos que tiene el sector privado, de acuerdo con las citaciones que han recibido de tribunales.
Se trata, entonces, de una mayor litigiosidad para el Estado colombiano, que, de por sí, ya traía una alta carga de procesos por problemas en estos grandes proyectos.
Demandas de vías 4G por decisión de Petro de congelar peajes
Según los datos del MinTransporte, el país registraba 17 tribunales de arbitramento de vías 4G cuando el gobierno Petro llegó al poder en agosto de 2022.
Ahora, en 2024, la cifra aumentó en ocho nuevas demandas hasta llegar a un total de 25, lo cual muestra un incremento de 50 % en menos de dos años.
Al igual que el número de procesos, sus pretensiones también se incrementaron, de acuerdo con datos oficiales: pasaron de $9,8 billones a $10,5 billones, es decir, $700.000 millones más.
Incluso, apenas hace tres semanas, se instauró el más reciente proceso judicial de este tipo contra el Estado, que fue presentado por la concesión Autopistas del Caribe.
Así lo confirmó en primicia Valora Analitik, al establecer que la empresa está pidiendo compensaciones por el no recaudo del peaje de Turbaco, la no instalación de la caseta de Arroyo de Piedra y los impactos que sufrió por la pandemia del Covid-19.
Sumado a lo anterior, se dispararon las demandas de vías 4G por la decisión de Petro de congelar los peajes, lo cual se ha convertido en otro ‘dolor de cabeza’ para la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).
Tribunales de arbitramento en concesiones de vías 4G
Según cálculos del sector privado, respaldados por bufetes de abogados, de las ocho nuevas demandas contra el Estado, la mitad son por el Decreto 050, que congeló estas alzas.
De hecho, registros oficiales señalan que en este grupo están megaproyectos como Vías del Nus y Ruta al Mar, que se encuentran ubicados en los departamentos de Antioquia y Bolívar.
En ambos casos, se trata de iniciativas privadas (IP), lo que quiere decir que no pueden recibir dineros públicos y la decisión de Petro de congelar los peajes les deja un faltante.
Así lo explicó Cristina Vásquez, socia de Posse Herrera Ruiz y líder del área de infraestructura y derecho público, quien agregó que esta es una de las principales razones por las que cada vez hay más tribunales.
“En la medida en que ese incremento no se dio, se causó perjuicio a estos proyectos de vías 4G”, dijo la abogada experta.
E, incluso, añadió que hasta el momento no se ha acordado entre la ANI y los concesionarios de iniciativa privada cómo va a ser esa compensación.
Posición del Gobierno sobre peajes y estructuraciones
Eso sí, para el Gobierno, este aumento de litigiosidad está más enfocado a otros pleitos entre privados y la Nación por situaciones no esperadas en los contratos.
Por ejemplo, existen mecanismos como eventos eximentes de responsabilidad, que se utilizan cuando hay situaciones de fuerza mayor y que permiten dirimir controversias ajenas a las partes.
No obstante, cuando estos salen en contra de los privados o se demoran en ser solucionados, también se resuelven finalmente en tribunales arbitrales.
Ante esto, la viceministra de infraestructura, María Constanza García, dijo esta semana en un debate de control político, citado por el senador Miguel Uribe, que “los señores concesionarios, en tribunales internacionales y nacionales, (están) reclamando lo que, a juicio de ellos, el Gobierno debe entrar a respaldar”.
Y añadió: “Los que estructuraron esto nunca se lo imaginaron. Que íbamos a tener tantos eventos eximentes de responsabilidad”.
¿Quién tiene la responsabilidad?
A pesar de lo anterior, como se mencionó previamente, buena parte de la disparada de las demandas de las vías 4G responde a la decisión de Petro de congelar los peajes, pero también a otras medidas del Ejecutivo.
Así lo considera Diana Rueda, asociada sénior de infraestructura y derecho público en Cuatrecasas, quien afirmó que esto también se ha reflejado en los eventos que eximen de responsabilidad a las empresas.
En estos casos, agregó, “se busca que sea el contratista (sea) quien los asuma (los riesgos), sin el reconocimiento de los mayores costos y/o mayores plazos requeridos”. Y añadió: “Lamentablemente, el actual Gobierno ha tomado decisiones en materia de concesiones viales, que han generado un incremento de la litigiosidad en este tipo de proyectos”.
En todo caso, las abogadas coinciden en que es necesario darle un viraje al sector, de cara a no aumentar, aún más, las demandas contra el Estado.
Por un lado, Diana Rueda dijo que, para evitarlo, es necesario que se respete «la seguridad jurídica» y no afectarla más, como ha pasado en el gobierno Petro.
Pero también anotó que “es urgente” que se tomen medidas efectivas para defender el orden público y la seguridad nacional.
En tanto, Cristina Vásquez de Posse Herrera Ruiz señaló que las concesiones son negocios financieros y, por ende, tienen compromisos con la banca nacional e internacional.
Con esto en mente, si las condiciones contractuales cambian, por ejemplo, porque no hubo alza de peajes, “vendrán las demandas y reclamaciones, porque, precisamente, también el concesionario estaría incumpliendo sus compromisos con sus financiadores”.
