La energía térmica aporta aproximadamente un tercio de la electricidad en Colombia. Además de las fuentes de generación hidráulica y solar, este segmento, que produce electricidad a partir de gas, carbón y otros combustibles, constituye uno de los principales respaldos del sistema colombiano. Sin embargo, las deudas de Air-e estarían asfixiando financieramente a las térmicas, llevando a varias compañías al límite y elevando el riesgo de un apagón, o como mínimo, de un racionamiento durante el primer cuatrimestre de 2027.
Estas advertencias provienen de Alejandro Castañeda, presidente de Andeg (Asociación Nacional de Empresas Generadoras), quien señaló que Air-e acumula obligaciones por cerca de $2,4 billones a mayo de 2026. De este monto, más de $906.000 millones corresponderían a deudas con empresas térmicas que continúan entregando energía a la compañía sin recibir remuneración, debido a las medidas regulatorias establecidas durante la intervención estatal iniciada en septiembre de 2024.
Como consecuencia de este panorama, empresas como Termocandelaria demandaron al Estado colombiano ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), organismo adscrito al Banco Mundial. Las pretensiones de la demanda asciendieron a US$198,4 millones.
.jpeg "Sector térmico corre el riesgo de apagarse en 2027 si continúan las deudas de Air-e; llegarían a $3 billones a finales de 2026")
Pero la situación no termina ahí. Andeg también proyectó que, para diciembre de 2026, la deuda de Air-e podría superar $3 billones, lo que representaría un incremento cercano a 466 % frente a $530.000 millones que debía la empresa cuando fue intervenida.
Ante este panorama, Castañeda advirtió que las térmicas no soportarán indefinidamente la falta de pagos, y también que, lo que antes era considerado un riesgo financiero grave podría materializarse en un apagón. Según explicó, este escenario podría ocurrir entre marzo y abril de 2027 debido a la presión financiera sobre las compañías.
El dirigente gremial también añadió que Air-e actualmente está expuesta al mercado de bolsa en cerca de 15 %. Sin embargo, aseguró que la compañía no ha continuado realizando contrataciones de energía, por lo que dicha exposición podría aumentar hasta 70 %, dejándola sometida a un mercado mucho más volátil en precios, afectando tanto a la empresa como a sus usuarios.
Cabe recordar que Air-e, compañía que opera en el Caribe colombiano, tuvo como primer agente interventor de la Superintendencia de Servicios Públicos a Carlos Diago, quien permaneció en el cargo entre septiembre y octubre de 2024. Posteriormente llegó Edwin Palma, actual ministro de Minas y Energía, quien estuvo cerca de seis meses, entre octubre de 2024 y marzo de 2025.
Luego asumieron Diana Bustamante y Nelson Javier Vázquez, quienes permanecieron aproximadamente cuatro y ocho meses, respectivamente. La quinta agente interventora, de carácter temporal, fue Tania Peñaranda, quien estuvo poco más de tres meses entre febrero y mayo de 2026. Actualmente, Jaime Mesa Huitrago lidera la intervención.
Lo anterior significa que, incluyendo agentes temporales, la empresa ha sido administrada por seis personas en menos de dos años. Incluso, el propio Castañeda afirmó que no mantiene contacto con el actual agente interventor, situación que puede reflejar la desarticulación existente dentro del sistema eléctrico colombiano. Mientras tanto, Air-e continúa acumulando obligaciones billonarias con empresas generadoras y otros agentes del mercado.
El Gobierno Nacional conoce la situación financiera de la empresa. Por ello ha intentado implementar mecanismos de pago. Uno de ellos fue una resolución para aumentar las tarifas de los estratos 4, 5 y 6 mediante un cobro adicional de $8 por kilovatios-hora. Sin embargo, Andeg ha señalado en repetidas ocasiones que este recaudo sería insuficiente frente al tamaño de la deuda.
¿Por qué ocurrió esta situación?
Si se analiza únicamente el momento en que el Gobierno Petro decidió intervenir Air-e en septiembre de 2024, algunos expertos consideraron que la medida no se realizó de manera coordinada entre las distintas entidades del Gobierno, incluyendo la Superintendencia de Servicios Públicos, con el objetivo de establecer un plan financiero de rescate para la compañía.
“Desde el día uno de la intervención brilló por su ausencia un plan del Gobierno Nacional para obtener recursos, inyectarle caja a la empresa y lograr su salvamento”, dijo José Plata, socio de Serrano Martínez CMA.
El fenómeno de El Niño
Todo este panorama podría agravarse con un eventual fenómeno de El Niño durante el segundo semestre de 2026. Según proyecciones de la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration Home), las probabilidades de un evento fuerte serían de 35 %, mientras que un episodio muy fuerte tendría una probabilidad de 37%. Además, la posibilidad de que el fenómeno se consolide en julio de 2026 superaría 82 %.
Por ello, el gremio manifestó que una oleada de calor incrementaría significativamente la presión sobre el sistema eléctrico colombiano, comprometiendo la capacidad de atención de la demanda. Según explicó Castañeda, esta presión recaería especialmente sobre las plantas térmicas, a las que actualmente se les adeudan cerca de $1,5 billones tras la intervención de Air-e.
“La preparación frente a un posible fenómeno de El Niño exige decisiones oportunas. Garantizar el flujo de recursos hacia las empresas generadoras es indispensable para asegurar la disponibilidad de combustible y la operación confiable del parque térmico, que seguirá siendo un respaldo estratégico”, expresó el dirigente gremial.
¿Cómo sanear la deuda de Air-e?
No es la primera vez que Andeg advierte sobre el impacto de las deudas de Air-e sobre el sistema térmico. Cuando el Gobierno publicó la resolución para aplicar el cobro adicional de $8 por kilovatio hora a los estratos 4, 5 y 6, la organización estimó que el recaudo sería cercano a $40.000 millones, cifra insuficiente para sanear las obligaciones acumuladas por la compañía.
El gremio también ha señalado que el Gobierno debería destinar recursos del Presupuesto para cubrir parte de la deuda de Air-e. Sin embargo, esto se enfrenta a un contexto de fragilidad fiscal en Colombia, caracterizado por mayores niveles de endeudamiento y un déficit fiscal que en 2025 se ubicó en 6,4 %.
La nueva subasta fue insuficiente para el mercado
El Ministerio de Minas y Energía, dirigido por Edwin Palma, anunció recientemente una nueva subasta que permitiría incorporar 15 proyectos energéticos entre 2029 y 2030, con inversiones cercanas a $16 billones. Sin embargo, Andeg sostuvo que, incluso con esta subasta, el déficit entre oferta y demanda de energía bajaría de 6 % a 4 % para 2029 y 2030. Además, el gremio proyectó que el déficit volvería a aumentar posteriormente, alcanzando 6 % entre 2030 y 2031 y llegando a 7 % entre 2031 y 2032.
“No estamos haciendo la tarea, seguimos teniendo un hueco, nos hace falta energía firme. El siguiente gobierno, desde el 7 de agosto, tiene que hacer nuevas subastas corrigiendo los errores de esta”, enfatizó Castañeda.
El dirigente agregó que el país requeriría entre 2.000 y 4.000 gigavatios hora adicionales por año. Posteriormente, cuestionó la decisión de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) de extender los plazos para la presentación de garantías de los agentes participantes en la subasta 2029-2030. Según indicó, no existió consenso entre los actores del sistema frente a esta decisión.
Castañeda afirmó que la medida habría sido adoptada para facilitar que uno de los actores lograra presentar sus garantías dentro de los nuevos plazos. Según dijo, esto afectó a otros participantes que ya habían estructurado financieramente sus proyectos, incluyendo variables clave como la tasa de cambio peso-dólar para efectos de financiamiento.
También recordó que, históricamente, la tasa de mortalidad de proyectos adjudicados en subastas ronda en 40 %, lo que significa que cerca de cuatro de cada 10 iniciativas finalmente no se ejecutan. Esto ocurre por dificultades financieras, problemas durante el desarrollo o incumplimiento de garantías. Todo esto sucede en un contexto en el que el sistema eléctrico enfrenta tensiones financieras, riesgos climáticos asociados a El Niño y proyecciones de déficit energético para los próximos años.
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