El balance que deja 2025 en materia de seguridad es contundente y poco alentador. Según el más reciente análisis de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), el año cerró “en rojo”: los grupos armados no solo resistieron las acciones del Estado, sino que ampliaron sus filas y fortalecieron su capacidad militar. Así arranca 2026, con un mapa de violencia más complejo y con un Estado que sigue sin lograr recuperar el control efectivo del territorio.
Las cifras consolidadas a diciembre de 2025 confirman una tendencia que no es nueva, pero sí cada vez más preocupante. Desde 2018, las estructuras armadas ilegales han venido creciendo de manera sostenida, y el último año no fue la excepción. En total, el número de integrantes aumentó un 23,5 % frente a 2024 y llegó a 27.121 personas: 13.794 hombres en armas y 13.327 integrantes de redes de apoyo.
El crecimiento no solo fue significativo, sino también constante. Entre julio y diciembre de 2025, el pie de fuerza ilegal aumentó otro 7 %, lo que refuerza la advertencia de la FIP: si no hay un giro en la estrategia, el próximo gobierno podría enfrentar organizaciones que se acerquen a los 30.000 integrantes. El desafío, más que coyuntural, es estructural.
El aumento se registró tanto en combatientes armados (+20 %) como en redes de apoyo (+27 %). Aunque cumplen funciones distintas, ambos componentes son claves para el control territorial. Mientras los hombres armados ejecutan las acciones militares, las redes de apoyo sostienen la vigilancia, el control social y el cumplimiento de las normas impuestas por los grupos sobre las comunidades. En conjunto, sus acciones tienen impactos directos y persistentes sobre la seguridad.
Solo en un año, más de 5.000 nuevos integrantes se sumaron a estas estructuras. El crecimiento más acelerado lo registró el Clan del Golfo, que aumentó su tamaño en un 30 %, lo que equivale a casi 2.300 personas adicionales en sus filas. Ni las operaciones militares, ni los espacios de negociación, ni la oferta de sometimiento individual lograron frenar la capacidad de reclutamiento y recomposición de los grupos armados.
Récord de disputas armadas
El deterioro de la seguridad también se refleja en la intensificación de las confrontaciones. Para la FIP, 2025 fue el año con más disputas armadas de la última década. Los enfrentamientos entre grupos crecieron un 34 %, impulsados por rupturas internas, nuevas alianzas y la competencia por rutas estratégicas, economías ilegales y control de poblaciones.
Hoy, al menos 13 zonas del país están en disputa activa, casi el doble de las que existían al inicio del gobierno de Gustavo Petro, en 2022. A esto se suma un fuerte aumento de los ataques contra infraestructura y bienes civiles —58 % más que en 2024— y contra la Fuerza Pública, que crecieron un 62 %. En conjunto, 2025 deja las cifras más altas de violencia desde 2016.
La capacidad militar de los grupos también se potenció con el uso intensivo de drones, una tecnología más barata y eficaz para atacar a la Fuerza Pública. De acuerdo con datos oficiales, en 2025 se registraron 277 ataques con drones cargados de explosivos, más del doble que en 2024, cuando se contabilizaron 119. La gran mayoría de estos hechos (237) se atribuyen al Estado Mayor Central (EMC).
Un Estado que no logra revertir la tendencia
Aunque en 2025 la Fuerza Pública incrementó sus acciones en un 34 %, ese mayor despliegue no se tradujo en una mejora clara de las condiciones de seguridad. Las grandes operaciones militares no lograron debilitar de manera sustancial a los grupos armados, que continúan adaptándose con rapidez a las ofensivas estatales.
Para la FIP, el tiempo que le queda al gobierno Petro no puede convertirse en una excusa para la inacción. Se requieren ajustes urgentes, mayor coordinación institucional y una estrategia que no se limite al componente militar, sino que refuerce la investigación criminal y la justicia. Mantener abiertas las negociaciones de la Paz Total no puede traducirse en tolerancia frente a la violencia: el diálogo necesita límites claros y respuestas firmes frente al control armado y las agresiones contra la población.
