La eventual decisión de un tribunal de Canadá sobre la solicitud de Canacol para terminar contratos de gas en Colombia todavía tendría que pasar por revisión de la Superintendencia de Sociedades y de las entidades encargadas de la política energética del país.
La decisión que eventualmente adopte la justicia canadiense no tendría efectos inmediatos en Colombia, ya que requeriría una evaluación local por parte de las autoridades.
Según explicó José Plata, socio encargado del área de energía de Serrano Martínez CMA, la Corte canadiense tomaría una determinación, sin considerar necesariamente las condiciones actuales del mercado colombiano de gas natural ni los posibles impactos sobre el servicio público. Cabe señalar que en el país hay un déficit estructural de gas, y es por ello que desde diciembre de 2024, este energético se importa para abastecer la demanda de hogares, pequeños comercios y gas vehicular.
Por ello, indicó que la Superintendencia de Sociedades tendría que apoyarse en entidades como el Ministerio de Minas y Energía, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), la Superintendencia de Servicios Públicos, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), entre otras que también están inmersas en la industria energética, como la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
El abogado sostuvo que el principal riesgo es que, si se autorizara la terminación de contratos, Canacol pudiera posteriormente vender el mismo gas a precios más altos, lo que tendría efectos sobre las tarifas para los consumidores y sobre los subsidios que asume el Estado para estratos 1, 2 y 3.
En ese contexto, explicó que las autoridades colombianas podrían decidir no adoptar la medida por razones de orden público, dadas las actuales condiciones de estrechez en el mercado de gas natural y el riesgo de desabastecimiento.
“Si la Superintendencia de Sociedades, rodeada de las autoridades del sector, no adopta la medida, Canacol seguiría obligado a cumplir con sus contratos”, explicó Plata.
El abogado también aclaró que Canacol no ha suspendido operaciones ni ha salido del mercado colombiano. Según indicó, la compañía inició un proceso de insolvencia o reorganización para renegociar deuda con acreedores o buscar nuevos inversionistas, pero mantiene la obligación de continuar prestando el servicio y cumpliendo los contratos vigentes.
Añadió que, en caso de que la Superintendencia no adopte la medida planteada desde Canadá, la empresa tendría que continuar operando mientras renegocia sus obligaciones financieras o consigue un nuevo financiador.
Plata expresó que una eventual liquidación de la compañía también tendría que ser aprobada tanto por las autoridades de Canadá como por la Superintendencia de Sociedades en Colombia, además de demostrar que no fue posible renegociar deudas ni encontrar alternativas de financiación.
Sobre los riesgos de un escenario adverso, si las autoridades colombianas no se articulan con las entidades del sector y se termina autorizando la suspensión de contratos, podría generarse una crisis de abastecimiento de gas. En ese caso, podrían presentarse suspensiones del servicio y aumentos en las tarifas.
Actualmente, Canacol representa cerca de 12 % del mercado nacional de gas, de acuerdo con cifras de la Superintendencia de Servicios Públicos. Aunque la empresa no atiende directamente usuarios finales, sí suministra gas a comercializadores que operan en distintas regiones del país.
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Finalmente, Plata recordó que el riesgo de abastecimiento de gas ya había sido discutido en un debate de control político en el Congreso a finales de 2023 y aseguró que la situación actual es “mucho más crítica” que la observada en ese momento.
