Superfinanciera ordenó a Avitar Constructora suspender actividades de captación no autorizadas

SFC, ordenó a la sociedad Avitar Constructora e Inmobiliaria S.A.S., suspender de manera inmediata las operaciones que constituyen captación ilegal

Emisión de billetes a manos del Banco de la República
Tasa de interés del Banco de la República. Foto: archivo.

La Superintendencia Financiera de Colombia SFC, ordenó a la sociedad Avitar Constructora e Inmobiliaria S.A.S., suspender de manera inmediata las operaciones que constituyen captación ilegal o recaudo no autorizado de dineros del público.  Vea más noticias empresariales aquí

La medida adoptada mediante la Resolución No. 0873 del 11 de julio de 2022, también ordena la devolución inmediata de los recursos captados de forma irregular e impide la realización de este tipo de autorizaciones en forma masiva, usando cualquier modalidad, ya sea directamente o por medio de otras personas naturales o jurídicas.

La Superfinanciera estableció que la sociedad Ávitar Constructora e Inmobiliaria S.A.S., adquirió por medio de las figuras denominadas “contratos de inversión” y “contratos de anticresis”, obligaciones con terceras personas a través de la recepción de dinero y con el compromiso de restituirles en igual cantidad al vencimiento del plazo contractual, más un rendimiento fijo mensual que oscilaba entre el 3 % y el 5 %.

De esta manera, la constructora sumó 70 contratos vigentes suscritos con igual número de personas por un valor de $4.979.300.000, los cuales fueron registrados contablemente como “ingresos recibidos por anticipado”.

Adicionalmente, bajo el concepto “cuentas por pagar a terceros” registró cinco préstamos adquiridos por la sociedad durante el 2021.

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En total, Avitar Constructora e Inmobiliaria S.A.S. adquirió, dentro de su dinámica comercial, obligaciones con 75 personas por un total de $5.879.300.000, obligándose a restituir los montos recibidos en igual cantidad y a entregar una rentabilidad fija mensual, sin prever a cambio la entrega real y efectiva de un bien o servicio.

La SFC remitió copia de la medida a otras autoridades, entre ellas la Superintendencia de Sociedades para la correspondiente intervención y a la Fiscalía General de la Nación con el fin de que se adelanten las investigaciones en materia penal.

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