La Agencia Nacional de Minería (ANM) informó, mediante un comunicado oficial, la suspensión temporal de las audiencias públicas mineras programadas en los departamentos de Caquetá y Putumayo, que hacen parte del área de estudio del Bioma Amazónico.
De acuerdo con la Presidencia de la entidad, la medida se adopta como una acción preventiva, en concordancia con las directrices del Gobierno Nacional, mientras el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible adelanta una caracterización técnica del territorio.
En este contexto, la suspensión implica una pausa en el mecanismo formal de diálogo mientras se obtiene una mayor claridad técnica sobre las condiciones del territorio amazónico.
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Es importante destacar que estas audiencias son mecanismos de participación promovidos por la Agencia Nacional de Minería (ANM) con el propósito de informar a las comunidades sobre la posibilidad de que se desarrollen proyectos mineros en sus territorios. Además, buscan establecer un vínculo directo con los proponentes de dichas iniciativas, a fin de alcanzar acuerdos orientados a mitigar los impactos sociales y ambientales que puedan derivarse de su ejecución.
La caracterización técnica que realiza el Ministerio de Ambiente desempeña un papel fundamental, pues sus resultados servirán para definir las condiciones de ordenamiento territorial y los criterios asociados a la regulación climática y la seguridad hídrica en la región. Estos insumos serán esenciales para futuros solicitantes de títulos mineros que pretendan operar en la zona, ya que deberán cumplir con los parámetros ambientales y sociales que se deriven del estudio.
En términos prácticos, la caracterización aportará información científica clave sobre la fragilidad ecológica, la presencia de ecosistemas prioritarios, la disponibilidad y calidad del recurso hídrico, y las dinámicas climáticas locales. Este conocimiento será determinante para orientar las decisiones públicas y privadas relacionadas con el uso del suelo y la gestión ambiental en el Bioma Amazónico.
En adelante, la ANM y el MADS deberán mantener canales de comunicación abiertos con los actores locales para socializar los resultados del estudio y acordar los criterios que regulen la actividad minera en la región.
