La complejidad regulatoria y la falta de coordinación institucional se convirtieron en los principales retos para la inversión en el sector energético en Colombia. Trámites prolongados, falta de articulación e inestabilidad normativa retrasan su ejecución e impiden que Colombia tenga una mayor capacidad para atraer capital e inversión.
Esto se relaciona con trámites como consultas previas, permisos sectoriales y licenciamiento ambiental. Corficolombiana agregó que desde 2018 ya se advertía sobre la inestabilidad normativa en el sector, junto con la incertidumbre en los tiempos que generan las evaluaciones ambientales y consultas previas, afectando fuertemente a sectores como energía y minería.
La corporación financiera añadió que estos problemas se han agudizado con el paso del tiempo, ya que se han fragmentado las autoridades, se han complejizado los procesos y se han acumulado nuevas exigencias. Incluso citó al gremio de energías renovables SER Colombia, que manifestó que la entrada en operación de un proyecto sin licencia ambiental puede tardar entre dos y cinco años, mientras que con la licencia el plazo se amplía a entre tres y siete años, un aumento de entre 40 % y 50 %.
Por lo anterior, señaló que entre 2021 y 2024, la diferencia entre la capacidad esperada y la que efectivamente se incorporó al sistema representó una pérdida de inversión de hasta $74 billones. En 2021 se proyectó la entrada de 1,87 gigavatios, equivalentes a $8,4 billones, pero solo ingresaron 0,13 gigavatios, es decir, 5 % de la inversión esperada.
Por ello, mencionaron que la ausencia de regulaciones oportunas y el aumento en las exigencias de los procesos es uno de los principales cuellos de botella.
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Tanto los empresarios del sector como los gremios energéticos manifestaron que todas las resoluciones y procesos que ayuden a simplificar y agilizar estas medidas son un impulso a la competencia, lo que a su vez favorece la inversión y permite que el país cuente con más energía para satisfacer su demanda.
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