Ante la Corte Constitucional varios analistas y funcionarios públicos expusieron sus posiciones sobre el proyecto de ley de traslado exprés de régimen pensional que surte su paso por el Congreso de la República.
El proyecto, que es distinto al artículo que se cayó en el marco del presupuesto general de 2022, pretende que cualquier trabajador (hombre mayor de 52 años y mujer mayor de 47 años) pueda pasar de fondos privados a Colpensiones.
En el marco de la audiencia convocada por la Corte Constitucional, el ministro de Hacienda de Colombia, José Manuel Restrepo, esbozó parte del impacto fiscal que tendría aprobar la propuesta de ley.
De un lado, el impacto fiscal, por esta anulación de traslado (hoy solamente posible hacer antes de 10 años de pensionarse) tiene en cuenta los procesos de demandas que se abrirían por los pensionados que no alcanzaron a hacer efectivo el cambio.
En ese caso, el Ministerio de Hacienda proyecta unas 65.000 demandas, mientras que para el caso de los afiliados activos serían 223.306 las demandas proyectadas.
Según estimaciones del Ministerio de Hacienda, de esta manera, para los procesos de los pensionados, habría un déficit fiscal proyectado de $18,5 billones, dato que sube hasta los $35 billones para los procesos de los afiliados activos. Entonces el déficit fiscal sumado sería de $53 billones por permitir el traspaso exprés.
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Además, habría un pago anual, en los primeros cinco años, que presionaría el presupuesto nacional en $1 billón adicional como resultado de esa eventual decisión.
Otras consideraciones
La visión del Ministerio da cuenta de que la medida, de permitir el traslado exprés, favorece a las personas de más de cuatro salarios mínimos, quienes recibirían el 82 % de los subsidios que se entregan en el régimen público de jubilación.
“Además no vemos responsabilidad del Estado por omisiones del ciudadano en su deber de informarse”, dijo Restrepo.
Esto último teniendo en cuenta que, justamente, uno de los argumentos para pedir el traslado exprés tiene en cuenta a aquellas personas que no hicieron uso de la doble asesoría, por falta de información sobre ese derecho, para establecer qué régimen pensional se acomodaba mejor a sus necesidades.
“Proponemos un camino distinto. Hay casos en los que cabe la revisión y tendrían que verse con mucho cuidado. No estoy negando esa posibilidad”, complementó Restrepo.
Posturas finales
En el marco de la discusión intervinieron además el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, quien dijo que el traslado exprés pone más presiones fiscales al país en momentos de reactivación.
Además, este tipo de medidas terminan, aseguró Villar, profundizado la desigualdad entre los ciudadanos colombianos.
A su turno, Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, gremio que reúne a los fondos privados de pensiones y cesantías de Colombia, reiteró que la medida es inconveniente.
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Además, volvió a pedir que este tipo de propuestas se discutan, con mayor profundidad, en el marco de una reforma al sistema pensional.
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