La administración del presidente Donald Trump le pidió a la Corte Suprema de EE.UU. que respalde su idea de despojar del estatus de protección temporal (TPS) a más de 300.000 venezolanos en Estados Unidos.
Este permiso permite a personas de ciertos paÃses permanecer y trabajar legalmente de manera temporal, debido a condiciones extraordinarias que les impiden regresar con seguridad a su lugar de origen.
El caso se originó a partir de una decisión tomada a principios de año por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien ordenó poner fin al TPS para los venezolanos.
Esta medida fue cuestionada por un grupo de beneficiarios, quienes argumentaron que el proceso violó la Ley de Procedimiento Administrativo, al no seguir los pasos requeridos para cambios de polÃtica. También alegaron que la decisión estuvo influenciada por motivos polÃticos y raciales.
Cabe mencionar que un tribunal federal en California bloqueó temporalmente la orden de Noem antes de que entrara en vigor en marzo, lo que evitó que más de 300.000 venezolanos perdieran su protección migratoria.
Posteriormente, en abril, el Noveno Circuito de Apelaciones rechazó la solicitud del Gobierno de Trump de revocar esa suspensión.
En su apelación ante la Corte Suprema, la administración de Trump argumentó que la decisión del tribunal inferior interfiere con atribuciones fundamentales del poder ejecutivo y entorpece la toma de decisiones en polÃtica migratoria, un ámbito que —según sostiene— debe gestionarse con rapidez, flexibilidad y discrecionalidad.
Esta petición representa el undécimo caso de emergencia elevado por el mandato de Trump al alto tribunal durante su segundo mandato. Entre los otros casos que los jueces aún consideran figuran: La expulsión de migrantes bajo leyes de seguridad nacional, el despido de miembros de agencias independientes y la prohibición de personas transgénero en las fuerzas armadas.
La solicitud se presenta casi al mismo tiempo que un juez federal en Texas prohibió al gobierno seguir aplicando la Ley de Enemigos Extranjeros, una normativa del siglo XVIII, para deportar a migrantes venezolanos detenidos en un centro migratorio del estado. Esta norma, originalmente concebida para tiempos de guerra, fue utilizada por la Presidencia Trump para justificar la deportación de personas vinculadas al grupo criminal Tren de Aragua hacia El Salvador, donde fueron recluidas en la megacárcel contra el terrorismo del presidente Nayib Bukele.
De hecho, el pasado 19 de abril, la Corte Suprema bloqueó las expulsiones basadas en dicha ley de 1798, marcando un lÃmite a su uso en contextos migratorios actuales.
