En una decisión casi unánime, la Corte Constitucional de Colombia tumbó un artículo de la más reciente Ley de Presupuesto de 2022, que incluía cambios en la denominada Ley de Garantías.
Con estos, el Congreso suspendió la prohibición de realizar convenios interadministrativos (‘contratos’ entre entidades) antes las elecciones. Lea más en Noticias Políticas.
No obstante, el alto tribunal frenó esta interrupción y sentenció que este ajuste fue inconstitucional. Incluso, fue más allá y señaló que la decisión sobre la Ley de Garantías tiene efectos retroactivos.
Si bien no hay detalles de parte de la Corte Constitucional, esto implicaría que cientos de convenios por cerca de un billón de pesos podrían quedar en el aire.
Para el exministro del Interior, Guillermo Rivera, “el Gobierno y el Congreso sabían que eso ocurriría y sin embargo procedieron. Lo que no sabían es que los efectos serían retroactivos”.
Recomendado: Ley de garantías en Colombia: todo lo que debe saber para 2022
Por su parte, Juan David Duque, director de la maestría en contratación pública de la Universidad del Rosario, dijo en W Radio que uno de los efectos más complejos de esta medida sería devolver los recursos ya girados a los entes territoriales.
En todo caso, será la Corte la que defina el futuro de los convenios ya firmados, así como de aquellos que están en ejecución o que ya culminaron obras.
La decisión tomada este jueves por los magistrados se da unos días después de que el Gobierno presentara un concepto ante la misma corporación, defendiendo la suspensión de la Ley de Garantías.
Destacado: Juez frena cambios hechos a la Ley de Garantías en Colombia
A través de un concepto, desde Presidencia y el Ministerio de Hacienda indicaron que “lo que debe primar es la buena fe”, por lo cual, si se presentan casos de corrupción, estos deben ser investigados.
“Si eventualmente la norma se aprovecha para corromper la igualdad electoral o la normatividad (…) se deberá aplicar las sanciones fiscales disciplinarias y penales que haya lugar”, anotaron.
Una vez conocida la decisión de la Corte Constitucional, desde el MinHacienda indicaron que no se pronunciaran hasta conocer el fallo completo. Eso sí, fueron claros en decir que “al ser una decisión judicial, se acatará”.
