Italia activó un sistema que cambia las reglas contra el fútbol pirata con multas de hasta 5.000 euros para quienes vean partidos de forma ilegal. La medida ya está en marcha y permite bloquear señales en menos de 30 minutos, además de identificar a los usuarios finales a través de su dirección IP y los datos de facturación que reposan en los proveedores de internet.
El nuevo modelo, conocido como Piracy Shield, fue habilitado tras una reforma legal que obliga a las operadoras a colaborar con las autoridades y con los titulares de derechos. Según reportó ComputerHoy y confirmaron autoridades italianas, las primeras sanciones económicas ya fueron notificadas. La cifra máxima equivale a más de 4.800 euros (unos $21 millones).
El impacto no es menor si se compara con el tamaño del negocio audiovisual en Italia. La Serie A vende sus derechos de televisión por cerca de 900 millones de euros por temporada en el mercado local, de acuerdo con datos oficiales de la liga. En ese contexto, la piratería representa pérdidas que la industria calcula en cientos de millones de euros cada año.
El modelo fue celebrado por Javier Tebas, presidente de LaLiga, quien ha insistido en que el consumo ilegal erosiona el valor de los derechos audiovisuales. En España, LaLiga ha impulsado bloqueos dinámicos de direcciones IP durante partidos en vivo, pero el esquema italiano va un paso más allá al sancionar directamente al espectador.
Multas de 5.000 euros por ver fútbol pirata: así opera Piracy Shield en Italia
A diferencia de los bloqueos tradicionales, que podían tardar días en ejecutarse, Piracy Shield funciona con un protocolo de reacción rápida. Cuando se detecta una señal ilícita, el sistema ordena a las operadoras bloquear el flujo de datos casi en tiempo real. El plazo máximo es de 30 minutos.
El punto clave es la identificación del usuario. El sistema registra los identificadores únicos de cada conexión que accede al servidor ilegal en el momento del bloqueo. Con esos datos, la policía postal puede cruzar la información con los registros de los proveedores de internet y emitir multas administrativas sin necesidad de una orden judicial individual para cada caso.
El objetivo es atacar el modelo de negocio de las IPTV ilegales, que suelen cobrar entre 10 y 20 euros mensuales por acceso a cientos de canales. Frente a ese ahorro, una sanción de 5.000 euros cambia la ecuación de riesgo para el consumidor.
Italia no es el primer país en endurecer el cerco contra la piratería deportiva. En el Reino Unido, la Premier League obtuvo órdenes judiciales para bloquear servidores durante transmisiones en vivo, y en Estados Unidos las autoridades han ejecutado operativos contra plataformas ilegales que retransmitían partidos de la National Football League. Sin embargo, en esos casos la prioridad ha sido cerrar servicios y procesar a distribuidores, no imponer multas masivas a usuarios finales.
El sistema italiano permite bloqueos “en caliente” durante el partido. Es decir, si un clásico genera picos de audiencia ilegal, la señal puede caer antes de que termine el primer tiempo. Ese factor es clave en un negocio donde el valor se concentra en la transmisión en directo.
¿Puede América Latina aplicar multas automáticas por ver fútbol ilegal?
En América Latina, la persecución se ha enfocado en cerrar portales y desarticular redes. En Colombia, por ejemplo, las autoridades han realizado operativos contra servicios de IPTV no autorizados y han ordenado bloqueos de dominios, pero no existe un esquema de sanción administrativa directa contra el usuario final por el solo hecho de consumir la señal.
El mercado regional es relevante. Según la firma Dataxis, América Latina supera los 80 millones de suscriptores de televisión paga, mientras que el streaming deportivo ha crecido con fuerza en los últimos cinco años. En Colombia, los derechos del fútbol profesional están en manos de operadores privados que dependen en gran medida de los ingresos por suscripción.
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Para replicar el modelo italiano sería necesaria una reforma legal que obligue a los ISP a entregar datos de usuarios que mantengan conexiones persistentes con servidores no autorizados. Ese punto choca con las normas de protección de datos y con el hecho de que una dirección IP no siempre identifica a una persona específica, especialmente en redes con IP dinámica o Wi-Fi compartido.
