El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte, anunció un avance clave en la estructuración de una obra vial catalogada como prioritaria para el suroccidente colombiano: la futura segunda calzada entre Catambuco y Pasto, en el departamento de Nariño. Aunque esta decisión no implica el inicio inmediato de la construcción, sí marca el punto de partida para definir con rigor técnico, social y territorial cómo deberá ejecutarse la intervención.
La cartera de Transporte precisó que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) firmó un acuerdo que habilita el desarrollo de estudios indispensables para determinar el trazado, las especificaciones de la vía y las afectaciones potenciales sobre el entorno. Se trata de una fase preparatoria cuyo propósito es obtener datos confiables antes de abrir procesos de contratación o fijar cronogramas definitivos.
De acuerdo con lo proyectado, este trabajo preliminar tendrá una duración cercana a once meses y medio. En ese lapso se recopilará información detallada sobre el corredor vial que conecta a Catambuco con el acceso a la capital nariñense. Con esa base se pretende evitar improvisaciones posteriores y garantizar que cualquier decisión referente a costos, riesgos, impactos socioambientales y necesidades de infraestructura responda a criterios verificables.
Para el Gobierno, la obra forma parte de una estrategia de movilidad cuya finalidad es reforzar la conectividad terrestre hacia la frontera sur del país. El Ministerio de Transporte ha sostenido que el tramo Catambuco–Pasto es determinante para el desplazamiento de pasajeros y mercancías, condición que obliga a una planificación por etapas sometida a revisión técnica permanente y a diálogos con la ciudadanía. La ministra del ramo ha señalado que esta metodología busca incorporar la voz de las comunidades y orientar las decisiones a necesidades comprobables de quienes dependen de la vía.
¿Cómo será la vía que comunique al Catatumbo con Pasto?
Desde la ANI se ha insistido en que la región mantiene un valor económico y comercial estratégico. Su presidente ha explicado que una eventual segunda calzada ofrecería mayor eficiencia en la circulación, favorecería la integración con el límite internacional y podría incentivar actividades productivas que instituciones y gremios departamentales han reclamado durante varios años.
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En el terreno, los equipos especializados deberán ejecutar mediciones topográficas, estudios de suelos y análisis de redes de servicios públicos. También realizarán aforos vehiculares y peatonales que permitan determinar la capacidad actual, los cuellos de botella y los riesgos asociados a la operación. Paralelamente se obtendrán datos sociales y económicos que ayuden a comprender cómo interactúan las comunidades con la vía, qué sectores dependen de ella y cuáles son los puntos críticos en materia de seguridad vial.
Ese componente técnico se articulará con espacios de interlocución directa con habitantes y líderes locales. La información derivada de esas reuniones servirá para identificar restricciones preliminares, advertir posibles conflictos y proponer medidas de mitigación antes de abrir un proceso constructivo. Entre las coordinaciones previstas se incluye la interacción con el Ministerio del Interior, entidad responsable de determinar si, en etapas posteriores, será necesario adelantar consulta previa con comunidades étnicas asentadas en el área de influencia.
