El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto que impone una tarifa de US$100.000 a todas las nuevas solicitudes de visa H-1B, la cual es utilizada por empresas estadounidenses para contratar trabajadores extranjeros en ocupaciones especializadas, como tecnología, ingeniería, medicina y finanzas.
La medida, anunciada oficialmente por la Casa Blanca el 20 de septiembre de 2025, ha generado una ola de reacciones tanto dentro como fuera del país, pues se trata de una de las reformas más drásticas en la historia de este visado. Según el documento oficial, la disposición entró en vigor a partir de las 00:01 hora del Este de Estados Unidos del 21 de septiembre de 2025 y se aplicará a todas las peticiones nuevas, incluyendo las que participen en la lotería H-1B para el año fiscal 2026.
¿Por qué se firmó este decreto y a quienes les afecta?
El contexto de esta decisión se enmarca en la política de Trump de priorizar la contratación de trabajadores estadounidenses y restringir la entrada de mano de obra extranjera.
Desde su campaña de 2024, el mandatario había prometido reformar los programas de visas laborales, argumentando que muchas empresas los usaban para reemplazar a empleados locales con personal extranjero más barato.
En su anuncio, la Casa Blanca explicó que el objetivo principal es elevar los salarios prevalecientes y garantizar que el programa H-1B solo sea utilizado para atraer a “los mejores y más brillantes” trabajadores altamente calificados, evitando abusos por parte de grandes corporaciones.
“Esta reforma busca proteger el empleo y los salarios de los ciudadanos estadounidenses, asegurando que el programa H-1B no se convierta en una herramienta para reducir costos laborales en detrimento de nuestros trabajadores”, señaló el comunicado oficial.
El decreto establece que las solicitudes de visa H-1B solo serán procesadas si van acompañadas de un pago de US$100.000, monto que debe ser cubierto por el empleador y no por el trabajador. Sin embargo, la disposición no afectará a quienes ya poseen una visa H-1B vigente ni a las renovaciones de permisos existentes, lo que brinda tranquilidad a miles de profesionales extranjeros que actualmente viven y trabajan en Estados Unidos bajo este estatus migratorio.
Esta aclaración fue confirmada por funcionarios del gobierno y publicada por Reuters, luego de que surgieran dudas en la comunidad migrante y en sectores empresariales sobre la aplicación retroactiva de la medida. Además, el decreto contempla la posibilidad de que el secretario de Seguridad Nacional (Homeland Security) otorgue excepciones si la contratación de un trabajador extranjero se considera de interés nacional o si su presencia no representa una amenaza para la seguridad ni para el bienestar económico del país.
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El impacto internacional ha sido inmediato, especialmente en países como India, que históricamente ha sido el mayor beneficiario del programa H-1B. La industria tecnológica india expresó su preocupación por la sostenibilidad de las relaciones comerciales con Estados Unidos, ya que miles de ingenieros y programadores de ese país son contratados cada año por gigantes tecnológicos como Google, Amazon y Microsoft.
La National Association of Software and Service Companies (Nasscom), principal gremio tecnológico de la India, pidió diálogo con la administración Trump para evitar que la medida afecte la innovación y la competitividad global, según reportó Reuters.
En Estados Unidos, empresas tecnológicas y cámaras de comercio han advertido que este nuevo costo puede ser devastador para startups y compañías emergentes que dependen del talento extranjero para crecer.
Desde el punto de vista jurídico, el decreto tiene una vigencia inicial de un año, aunque puede ser renovado o extendido por el presidente. También ordena al Departamento de Trabajo revisar las escalas salariales prevalecientes (prevailing wages) que deben pagar las empresas a los trabajadores H-1B, con el fin de elevar el estándar y asegurar que el programa no sea utilizado para disminuir sueldos. Asimismo, las compañías deberán conservar documentación que certifique el pago de la tarifa, la cual será requisito indispensable para que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS) procese cualquier petición.
