Tras la reciente sanción que le impuso la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a World Foundation y Tools for Humanity Corporation, que los obliga a cerrar sus operaciones de manera inmediata y definitiva en el país, World manifestó su desacuerdo con la decisión.

Según el comunicado emitido, “esta es una resolución preliminar de primera instancia, y World presentará recursos para asegurar una comprensión completa de su tecnología, lo que permite continuar operando de manera normal y legal, ya que los recursos tienen efecto suspensivo”.

Además, destacó que los resultados de la evaluación “son incompletos, al estar basados en políticas y tecnologías desactualizadas”.

Con respecto a los datos biométricos, la compañía afirmó que no los almacena y que el consentimiento es informado y confirmado en múltiples ocasiones. Adicionalmente, indicaron que el token Wordlcoin es adicional “y está completamente separado del proceso de verificación”.

El documento concluye con que esperan un dialogo abierto con la SIC para aclarar como funciona esta “importante tecnología”.

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Decisión de la SIC 

La SIC concluyó que las finalidades del tratamiento de esos datos no fueron claras ni adecuadamente informadas. La dirección de investigaciones de protección de datos personales comprobó, con garantía del debido proceso, que la compañía incumplió varios deberes legales: no contaba con políticas de tratamiento ni con procedimientos para atender reclamos de los titulares, carecía de medidas de seguridad suficientes para proteger información sensible y no obtuvo la autorización previa exigida por la ley.

Por otra parte, durante la investigación, la SIC determinó que World Foundation condicionó el consentimiento de las personas al ofrecimiento de un incentivo económico y no les explicó de forma clara las finalidades del tratamiento, vulnerando su derecho a la autodeterminación informática.

Por lo que ordenó eliminar la información recolectada, incluidos los códigos del iris y el cierre inmediato y definitivo de todas las operaciones en el país.

Esto con el fin de proteger el derecho constitucional al habeas data y garantizar que el uso de información personal se ajuste al marco legal colombiano.