El Gobierno Nacional expidió el Decreto de Amparos de la Ley de Vivienda Segura que obliga a los constructores y vendedores a responderles, por un período de 10 años, a los colombianos que adquieran una vivienda nueva en el eventual caso que la edificación presente fallas estructurales, amenace ruina o colapso.
De acuerdo con la presidenta de Camacol, Sandra Forero, la implementación de este seguro podría impactar en el costo final de la construcción de viviendas nuevas en los segmentos medio y alto.
“Lo más importante es que se reconozca el efecto sobre los costos para la construcción formal de vivienda, y así la tarea de todos los actores y del Gobierno Nacional será minimizar ese impacto a través de definir condiciones óptimas para que se garantice el acceso, disponibilidad y asequibilidad de estos instrumentos para los proyectos de construcción y los hogares compradores”, dijo Forero.
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Por su parte, el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, afirmó que según cálculos de Fasecolda, esta nueva iniciativa tendría un costo de 1% del valor de la vivienda nueva en 10 años, razón por la cual los precios de estas se podrían incrementar en 0,1% anual durante una década.
El presidente de Fasecolda, Jorge Humberto Botero, indicó que, a pesar de que esta nueva medida puede incrementar el costo de la vivienda nueva, hay otros factores que inciden en el mismo como lo son el valor del suelo y el incremento del salario mínimo.
Este decreto entraría en vigor en 2021 mientras la Superintendencia Financiera delimita la regulación del mismo.
